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ONUSIDA pide «medidas urgentes» para reforzar los programas de protección social ante la pandemia

ONUSIDA ha pedido a los países que adopten «medidas urgentes» para reforzar los programas de protección social de las personas más vulnerables de las repercusiones sanitarias y socioeconómicas de la pandemia de COVID-19.

A través de un comunicado, explican que las personas que viven con el VIH y la tuberculosis (TB) se ven considerablemente afectadas por COVID-19. La elaboración de modelos ha estimado los posibles efectos catastróficos de la pandemia de COVID-19 con aumentos de hasta el 10, 20 y 36 por ciento de las muertes previstas para los pacientes con VIH, tuberculosis y malaria, respectivamente, en los próximos cinco años.

Según ONUSIDA, entre los más vulnerables se encuentran las mujeres y las niñas, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores del sexo, las personas que consumen drogas y los transexuales. «Muchos de ellos están excluidos de los programas de protección social existentes», advierten.

«Los países deben garantizar que todos puedan recibir servicios esenciales, incluida la atención de la salud, y deben invertir adecuadamente en programas de protección social para mantener a las personas seguras y protegerlas de las consecuencias de la pérdida de sus medios de vida», detalla la directora ejecutiva del ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Las repercusiones socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 tendrán el mayor impacto en algunas de las personas más desfavorecidas de las sociedades de todo el mundo. Por ejemplo, insisten en que el COVID-19 amenaza con duplicar el número de personas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda hasta alcanzar más de 265 millones a finales de año. La mayoría de estas personas se encontrarán en países que ya están muy afectados por conflictos o crisis económicas o climáticas. Los refugiados se encuentran entre los grupos que se enfrentan a los mayores peligros.

De la misma forma, indican que cientos de millones de personas en todo el mundo también están a punto de perder sus empleos en los sectores formal e informal de la economía. En el primer trimestre del año se perdieron alrededor de 150 millones de puestos de trabajo a tiempo completo y se prevé que millones de personas más perderán sus medios de vida en los próximos meses.

«Hoy en día, solo el 29 por ciento de la población mundial tiene acceso a una cobertura de protección social adecuada. Los gobiernos deben actuar para garantizar la sostenibilidad de los medios de vida, las empresas y los empleos y la protección de la salud, los derechos y los ingresos de los trabajadores durante y después de COVID-19», comenta el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.

ONUSIDA recuerda que las mujeres son particularmente vulnerables a la crisis económica al estar «desproporcionadamente empleadas» en los sectores informales de la economía y, por lo tanto, es más probable que pierdan sus ingresos. También suelen estar empleadas en la primera línea de la respuesta a COVID-19, constituyendo el 70 por ciento de los trabajadores en los sectores de la salud y la asistencia social, además de realizar el grueso de las tareas domésticas no remuneradas en el hogar, el cuidado de los niños y otras funciones de atención.

«El aumento de la violencia de género durante el confinamiento también hace que sea imperativo que los gobiernos inviertan en programas de protección social diseñados específicamente para la protección de las mujeres y las niñas», argumentan.

ONUSIDA añade que una generación de jóvenes «también corre el riesgo de sufrir el colapso socioeconómico causado por la pandemia». «La vulnerabilidad de los niños y los jóvenes se está viendo amplificada por el cierre de escuelas que ha afectado a más del 90 por ciento de la población estudiantil mundial, interrumpiendo su educación y su acceso a servicios sociales cruciales, como las comidas escolares», agregan.

«Los niños y los jóvenes están sufriendo de manera desproporcionada las repercusiones socioeconómicas de la crisis de COVID-19. Antes del brote, dos de cada tres niños no tenían ningún fondo de protección social o lo tenían de forma inadecuada. Los países deben cumplir su compromiso de protección social para todos los que la necesitan», manifiesta la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore.

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E.B.

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