Nyesa logra la adhesión del 60% de los acreedores al acuerdo de reestructuración de deuda

Nyesa ha anunciado este martes que cuenta con la adhesión del 60% de sus acreedores al acuerdo de reestructuración de deuda, que plantea una quita del 70% para los acreedores con privilegio, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La promotora inmobiliaria ha adelantado que, dentro del plazo para aceptar la propuesta de modificación del convenio de la compañía que finaliza mañana, «ha sido notificada» de adhesiones favorables por parte de al menos el 60% de los acreedores ordinarios.

No obstante, ha indicado que se trata de una información «provisional» a falta de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza emita una resolución ratificando el correspondiente porcentaje, y por ende la aprobación de la Propuesta de Modificación de Convenio de la Sociedad.

La compañía propone a los acreedores con privilegio una quita del 70%, aunque cobrarán el resto de sus créditos en dos pagos iguales durante los meses 36 y 48 a partir de la fecha en la que la sentencia que aprueba esta modificación sea firme.

Por su parte, a los acreedores ordinarios les ha propuesto el cobro de la totalidad de sus créditos, es decir, sin quita, a razón del 10% en los meses 60 y 72 desde el fallo de la sentencia; del 15% en los meses 84 y 96; y del 25% en los meses 108 y 120.

Respecto a los acreedores subordinados, la propuesta plantea la totalidad del cobro de sus créditos, también sin quita, aunque recibirán el pago en el mes 120, es decir, diez años después del acuerdo, y de una sola vez.

‘PLAN B’

Como alternativa a esta propuesta de pagos, la sociedad también detalló un ‘plan b’ en el que ofrece a todos los acreedores la capitalización, total o parcial, de sus créditos. Adicionalmente, Nyesa contempla la ejecución de una ampliación de capital, bien mediante aportación no dineraria de un importante lote de activos inmobiliarios o mediante capitalización de créditos ‘contra la masa’.

La compañía ya anunció el pasado mes de junio que plantearía esta modificación del convenio, toda vez que al cierre de 2019 su patrimonio neto era de un importe negativo de 10,1 millones de euros, adelantando así el riesgo de disolución.

El origen de este desequilibrio está en la dotación de 45,6 millones de euros que, por un «criterio de prudencia», realizó en sus cuentas de 2019 ante la necesidad de financiación que presenta un proyecto que desarrolla en Moscú.

A su vez, esta necesidad de financiación deriva de los retrasos que viene acumulando el proyecto y de un cambio normativo aprobado en Rusia que ya no permite utilizar los adelantos que pagan los compradores de las viviendas para financiar su construcción.

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