El Poder Judicial ha emitido una nueva sentencia penal condenatoria por delitos vinculados con la piratería en la industria de los videojuegos. Concretamente, el Juzgado número 2 de lo Penal de Jaén ha condenado al administrador de servidores y gestor de contenidos de la web www.ps3pirata.com a una pena de 2 años de prisión, multa diaria de 10 euros durante 24 meses, y a pagar una indemnización a la denunciante Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de una cuantía de 104.839 euros. El portal denunciado llegó a ofrecer cerca de 5.000 títulos de videojuegos sin consentimiento de los titulares de derechos de propiedad intelectual, integrados en AEVI.
AEVI ha valorado positivamente el esfuerzo conjunto de la Justicia española y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en combatir la piratería. En palabras del director general de la asociación, José María Moreno: “Es importante que se aplique la legislación de propiedad intelectual: los derechos de propiedad intelectual contribuyen a salvaguardar la creación, el desarrollo de la cultura y a fomentar la innovación tecnológica. La piratería es el primer obstáculo en la consolidación del sector de los videojuegos en España con la generación de empleo y la captación de talento asociada a ello. Por ello, es importante asumir el valor que aportan los creadores de videojuegos y seguir trabajando conjuntamente para avanzar en esta materia aplicando de forma eficaz la normativa vigente”.
Anualmente se pierden 1.610 puestos de trabajo directos y el Estado deja de ingresar, sólo en concepto de IVA, 56 millones de euros de la industria de los videojuegos debido a la piratería. De acuerdo a los datos del Observatorio de la Piratería, publicados recientemente por la Coalición de Creadores, y recogidos en el anuario de AEVI de 2018, durante el pasado año se produjeron 234 millones de accesos ilegales a videojuegos por valor de 5.479 millones de euros, con un lucro cesante de más de 265 millones de euros.
Desde AEVI se seguirá actuando contra la distribución y comunicación pública de copias no autorizadas de videojuegos, y contra la producción y distribución de cualquier nuevo dispositivo o software que rompa las medidas de seguridad en las consolas y permita utilizar videojuegos ilegalmente adquiridos.
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