Tras las históricas manifestaciones de los últimos meses, la ciudadanía ha salido a la calle en una nueva marcha para alzar la voz ante la política sanitaria del Ejecutivo madrileño. La primera tras el fin de la huelga de médicos y pediatras en Atención Primaria, así como la desconvocatoria del paro de facultativos de hospitales a la espera de llegar a un acuerdo con la Puerta del Sol.
Bajo el lema ‘Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad’, esta manifestación ha cargado contra la apuesta de Ayuso y su Gobierno de anteponer “el interés económico” en la Sanidad, “favoreciendo claramente al sector privado” en lugar de “conservar y fortalecer el sistema púbico”. Han denunciado de nuevo la ausencia de medios que sigue afectando a la “correcta” atención y salud de los y las pacientes, además de la sobrecarga de trabajo que el personal sanitario tiene que soportar, “lo que ha generado una ola de indignación ciudadana y movilizaciones constantes en los últimos meses”.
Ante esto, han exigido a la Consejería de Sanidad que priorice una gestión directa de los recursos, “evitando duplicidades de organismos, que lo único que hacen es incrementar en gastos sin reforzar el sistema sanitario público, infrafinanciado desde hace décadas”. Es decir, que defienda claramente una mejora de la sanidad pública madrileña dotándola de recursos y medios, “acabe con las privatizaciones y externalizaciones de los servicios”, y “mejore las condiciones laborales del personal poniendo fin a la temporalidad laboral”.
Junto a esto han llamado a mantener, ya sea con recursos económicos como de personal, todos los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (antiguos Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAPs), los Servicios de Atención Rural (SAR) y las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD. Además, “que se refuerce la mermada y sobrecargada red de centros de salud mental con profesionales suficientes y se aumente también de manera significativa el número de camas hospitalarias”.
Asimismo, han trasladado su deseo de que se ponga fin, de una vez por todas, al “maltrato” a los y las profesionales de la Sanidad, que soportan la mayor tasa de temporalidad y los salarios más bajos de todo el Estado.