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Para combatir en parte esta situación ha nacido la nueva Ley contra el fraude. Esta nueva ley, que entró en vigor el pasado 11 de octubre de 2021, tiene como objetivo luchar contra el fraude fiscal ejerciendo un mayor control en las operaciones de las empresas, pero también en otros aspectos que afectan a todos los ciudadanos.
La nueva Ley Antifraude abarca diferentes frentes en su lucha contra el fraude fiscal, con especial importancia en los siguientes aspectos:
La nueva ley prohíbe el uso de softwares de contabilidad de doble uso. Este tipo de softwares se utilizan para llevar una contabilidad A oficial y una contabilidad B. A partir de ahora, las empresas de software de contabilidad tienen que actualizar sus programas informáticos para evitar que se pueda realizar esta doble contabilidad. Las empresas, asesorías y gestorías que utilicen softwares de contabilidad deben actualizarlo a la nueva ley, bajo multas de hasta 50 000 euros por ejercicio.
Los programas de gestión empresarial ahora deben cumplir ciertas especificaciones técnicas, como la obligación de que estén certificados correctamente o que utilicen un formato estándar de contabilidad para favorecer su legibilidad. Además deben garantizar la trazabilidad de la información, la accesibilidad a la misma, así como la inalterabilidad de los registros contables.
A partir de la entrada en vigor de la Ley Antifraude quedan prohibidos los pagos en efectivo por encima de los 1000 euros en el caso en que intervenga una empresa o profesional. Hasta ahora el máximo legal permitido era de 2 500 euros, así que supone una importante reducción que puede afectar a la operativa de muchas empresas.
Con la nueva Ley Antifraude se termina la posibilidad de desgravarse el 60 % para determinar el rendimiento neto del capital mobiliario a través de la declaración de su existencia. Del mismo modo tampoco se tiene derecho a la desgravación si han existido rendimientos erróneos en el cálculo y regularizados por la administración.
A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Antifraude, las Socimi comienzan a tributar al 15 % por los beneficios que no distribuyan entre sus participantes. En las SICAV se establece un mínimo de inversión de 2500 euros por persona, con un número mínimo de 100 socios en la sociedad.
En definitiva, la nueva Ley Antifraude trae consigo importantes cambios que van a obligar a las empresas a adaptar su actividad contable y de gestión para evitar incumplimientos legales que puedan acarrear cuantiosas multas.
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Nueva ley contra el fraude: principales claves
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