Jarro de agua fría de la Justicia al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han tumbado el recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid con el que buscaba dejar sin efecto el auto que le obligaba a medicalizar las cuatro residencias de mayores de Alcorcón. Además de incidir en la necesidad de que dote de medios a estos centros, este órgano obliga a la Consejería de Sanidad a informarle cada semana de las medidas concretas adoptadas.
Según publica este lunes El País, el Letrado de la Comunidad de Madrid recurrió el 27 de abril el auto de la Sala Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por el que ordenaban la medida solicitada por el Ayuntamiento de Alcorcón, que obligaba a medicalizar las residencias ante el elevado número de muertos e infectados.
El abogado regional solicitó el levantamiento de la medida al entender que no había existido “inactividad” por parte del Ejecutivo regional en las residencias de Alcorcón. Para ello, aportó diversos informes de la Consejería de Sanidad para intentar demostrar que ese departamento estaba actuando. Asimismo, el letrado también alegó que el Ayuntamiento de la mencionada localidad no realizaba “una reclamación concreta” de las medidas, por lo que no se podía evaluar si la actuación de la consejería regional era adecuada.
En este auto, continúa el mencionado diario, los jueces destacan el real decreto e 14 de marzo sobre la gestión sanitaria de la crisis y reiteran que los mayores, y en especial los que tienen patologías previas, son los que más riesgos tienen con la Covid-19. Además, una orden del Ministerio de Sanidad de 3 abril facultad a intervenir las residencias por parte de las comunidades “atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad”. En especial, si cuenta con casos confirmados de coronavirus, como ocurrió en los centros de Alcorcón.
Los magistrados del TSJM hacen hincapié en la supuesta falta de concreción del Ayuntamiento de Alcorcón. Y lo hacen para rechazarlo. Además, el auto rechaza la alegación del Gobierno regional, al recordar los escritos de la alcaldesa de Alcorcón y de su concejal de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública, Victoria Meléndez, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. “Queremos poner en su conocimiento el empeoramiento evidente en la situación de los centros residenciales de mayores Amavir y Sanitas de nuestra ciudad. Los datos de fallecidos, positivos en covid-19 y sospechosos se están incrementando dramáticamente. Por ello, le instamos de nuevo a que cumpla su competencia en esta materia e intervengan urgentemente medicalizando todos los centros de mayores de nuestra ciudad”, recogía una de estas misivas.
“Lejos de formular una solicitud genérica de intervención administrativa en las residencias afectadas según el Ayuntamiento de Alcorcón, lo que éste instó de la Consejería de Sanidad fue la medicalización, con todo lo que ello conllevaba: dotación presencial de equipos de profesionales sanitarios, suficientes y adecuados a la situación de emergencia sufrida”. Así lo afirman los jueces, que explican qué es medicalizar “según el sentido propio de la palabra en relación con el contexto y la realidad social en que deben ser aplicadas”.
Se trata de modificar el uso de los centros para “su utilización como espacios de uso sanitario”. “Medicalizar una residencia de mayores puede considerarse lo que, en la propia Comunidad de Madrid, se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de Ifema”.
A esto hay que sumar que la Consejería de Sanidad deberá informar cada siete días naturales “de las medidas concretas adoptadas para cumplir lo acordado en este auto”.
