El Gobierno estudia aprobar en el Consejo de Ministros de este martes una serie de medidas de carácter laboral para paliar los efectos del coronavirus sobre trabajadores y empresas. Entre ellas la agilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) en determinados sectores, la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia, y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores, según han apuntado a Europa Press fuentes próximas al Ejecutivo.
Asimismo, el Gobierno está barajando establecer una línea de avales para ayudar a las empresas ante el impacto del coronavirus en sus negocios, así como agilizar la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya indicó el pasado sábado, tras decretar el estado de alarma, que se aprobarían en el Consejo de Ministros medidas económicas y laborales para mitigar el impacto del virus sobre la economía y el empleo. Las medidas que podrían aprobarse coinciden en gran medida con las que acordaron proponer al Ejecutivo sindicatos y empresarios y organizaciones de autónomos.
En concreto, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme reclaman una nueva regulación de los ERTE, incidiendo en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución.
Entre las medidas comunes para los ERTE, los agentes sociales ven imprescindible que se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia, que los periodos de la prestación por desempleo consumidos durante esta suspensión no cuenten para futuras prestaciones por desempleo y que se suspenda el pago de cotizaciones sociales por parte de las empresas. Las dos primeras medidas se piden también para los trabajadores fijos-discontinuos.
Por otro lado, continúa esta agencia, si el ERTE es por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, apuntan en su propuesta que, con carácter extraordinario, resulta «imprescindible» adaptar la definición de las causas a la situación provocada por el coronavirus, a los efectos de facilitar la tramitación del expediente de regulación correspondiente.
Así, creen que esa redefinición puede contemplar, entre otras, situaciones como la caída precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de la cadena de suministros. La documentación justificativa deberá ceñirse a acreditar la existencia de la causa y su relación con el coronavirus.
Otras medidas propuestas por los agentes sociales pasan por completar hasta el 100% el salario de los trabajadores aislados o contagiados (la Seguridad Social les considera de baja por enfermedad profesional y les abona el 75%); regular y facilitar la atención del cuidado de hijos y mayores de primer grado con nuevos permisos retribuidos, y facilitar la realización del teletrabajo en sectores y empresas donde no esté implementado.
Por su parte, las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae también acordaron hacer al Gobierno una serie de propuestas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria entre los autónomos. En concreto, reclaman el reconocimiento y la concesión automática de la prestación por cese de actividad para aquellos autónomos que se vean obligados a cerrar sus negocios por la crisis o que deban quedarse en casa para el cuidado de hijos o dependientes; bonificaciones del 100% de las cuotas para quienes abandonen su actividad para cuidar de hijos o personas dependientes, y bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social a los autónomos infectados por el coronavirus o en cuarentena.
Actualmente, estos autónomos perciben el 75% de su base de cotización pero se ven obligados a seguir abonando la cuota excepto cuando dicha baja se extiende más allá de los 60 días, lo que, según han denunciado ATA, UPTA y Uatae, reduce “de forma importante” sus ingresos.