Justicia

No solo Pujol: los otros casos de corrupción que han evitado la Justicia al prescribir

Jordi Pujol, según Hacienda, defraudó más de 885.000 euros, pero el delito está prescrito. Algo que no solo ha afectado al expresidente catalán.

Jordi Pujol, expresidente de la Generalidad de Cataluña

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol defraudó más de 885.000 euros en el año 2000. Así lo reconoce la Agencia Tributaria en un informe entregado a la Audiencia Nacional en el que también afirma que el delito ya está prescrito. El veterano político no ha sido el único que se ha visto beneficiado del paso de los años. La prescripción ha marcado muchos otros casos.

Hace ahora justo tres años, a finales de 2016, el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, archivaba la pieza del ‘caso Rato’ que investigaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la facturación de sus colaboraciones con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC). Según informaba EFE, y publicaba El País, el juez entendía que el presunto delito fiscal investigado, que se remontaba a 2009, había prescrito ya.

El popular Fernando Martínez-Maíllo, que por entonces era coordinador general del PP, también se libró de ser investigado, así como juzgado, por el caso de Caja España. Tal y como recogía El Plural, las investigaciones apuntaban a que, en 2009, dio el visto bueno junto a otros 13 exconsejeros, a las refinanciaciones millonarias de los préstamos concedidos al entonces presidente de Caja España, el empresario Santos Llamas. No obstante, el juez lo archivó al haber pasado tanto tiempo. Había prescrito.

La Audiencia de Valencia también dio carpetazo a la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la que estaba procesado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps al concluir que, si hubo un posible delito de prevaricación en la contratación de las empresas, habría prescrito.

Recientemente, el líder del PP, Pablo Casado, recurrió a la prescripción ante la investigación en torno al máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. En ello basó su alegación ante el Supremo. Según este tribunal, el máximo responsable de los populares tuvo un “trato de favor” en su máster, pero declinó investigar las supuestas irregularidades de ese posgrado al no encontrar indicios de delito. Además, había prescrito.

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