La controversia que provoca el tratamiento que se da a los migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros no es nueva. Sin embargo, esta semana se ha visto nuevamente alimentada por las críticas que dichos centros han recibido desde diferentes frentes y que han coincidido con la celebración del juicio por la muerte de Samba Martine, ocurrida hace ocho años en el CIE de Aluche.
En dicho juicio se trata de esclarecer por qué una mujer congoleña –portadora de VIH- no fue atendida debidamente ni trasladada al hospital a pesar de que durante en el mes que estuvo en el centro solicitó al menos once veces asistencia médica. En el banquillo solo se sienta uno de los tres acusados de homicidio por imprudencia: un médico para el que piden hasta tres años de cárcel. Otro médico y una enfermera están huidos.
El juicio por el caso de Samba Martine ha provocado que los obispos den públicamente una opinión muy crítica con los CIE, pidiendo su revisión. Una medida que reclamaron este miércoles por boca del secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien denunció que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) dan un trato “cuasi penitenciario” a los inmigrantes por lo que consideran “imprescindible” su revisión.
“El que personas que vienen de fuera que no sabemos muy bien qué hacer con ellas se les dé un tratamiento cuasi penitenciario, no parece lo más oportuno”, por lo que “la revisión es imprescindible y la búsqueda de otro tipo de soluciones lo conveniente”, señaló.
Discriminación
Coincidiendo con este juicio, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó esta semana el Informe Anual 2018 sobre Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) en la sede del Defensor del Pueblo de Madrid. Un informe en el que denuncia, entre otras cosas, la discriminación que sufren las personas de origen magrebí Marruecos y Argelia –que acaparan dos tercios de las nacionalidades de personas internadas en 2018 porque su repatriación es más factible”. Igualmente, alertan del alarmante aumento del número de menores en los CIE: en 2018 se han reconocido a 89, por los 49 del año 2017. Y reiteran que Los CIE siguen siendo espacios de sufrimiento, donde se acentúan las situaciones de desprotección y se vulneran derechos básicos (interpretación de idioma, asistencia legal y sanitaria, acceso a solicitud de asilo, tratos degradantes y vejatorios.
El informe lleva por título ‘Discriminación de Origen’, haciendo referencia al trato diferencial que se da a personas de origen magrebí, que en su llegada al país pasan a comisaría policial para acabar en el CIE. Más de dos tercios (un 68%) del total de las personas internadas en 2018 eran de una de estas dos nacionalidades: marroquí o argelina. Por el contrario, desde el mes de agosto, se observa que las personas de origen subsahariano o asiático no han sido internadas en CIE, ya que en su llegada pasan a los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) y de ahí a recursos de acogida humanitaria ante la imposibilidad de efectuar su retorno al país de origen. “Ya en esta fase de detención inicial de 72 horas se observan indicios de trato discriminatorio hacia las personas de origen magrebí” denuncia el informe.
Más menores
Un total de 89 menores de edad fueron internados en CIE en 2018, según ha reconocido el Ministerio de Interior. La cifra es notablemente superior a la de 2017, cuando fueron 48 menores internos. Además, aumentaron el número de solicitudes de protección internacional desde CIE en 2018 hasta un total de 1.776, de las cuales el 30,6% fueron admitidas a trámite. La duración de la estancia en los ocho CIE del territorio se redujo ligeramente hasta una media de 26,08 días.
Esta ONG dice que en las visitas que ha realizado a los CIE de Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona), Zapadores (Valencia), Isla de las Palomas (Tarifa) y La Piñera (Algeciras) “ se continúan apreciando situaciones de vulnerabilidad y posibles vulneraciones de derechos: deficiencias estructurales en la mayoría de centros; falta de detección de menores de edad y de atención a personas con enfermedades de carácter físico y mental; carencias en la asistencia legal y de interpretación de idioma; limitaciones en el uso de comunicaciones; tratos degradantes y vejatorios; y dificultades y trabas en el acceso a las solicitudes de asilo”. La cifra total de repatriaciones forzosas (suma de expulsiones y devoluciones) aumentó en un 22%, hasta 11.384, esto es, se repatriaron más de 31 personas al día durante 2018. Es considerable el aumento de ejecuciones de procesos de devolución (un 33% más que en 2017). Además, el porcentaje de expulsión y devolución desde CIE aumentó hasta el 58%.
La ONG concluye que “el uso abusivo del internamiento, como herramienta en la lucha contra la inmigración irregular en la frontera sur, sigue sin tener un efecto disuasorio, generando en cualquier caso mucho sufrimiento. Y reivindica “el fin del internamiento y la privación de libertad, el cierre de los CIE y la necesidad de explorar alternativas más humanas que faciliten procesos de integración social”.
