Cuando se cumplen dos meses desde que el gobierno bloqueara por un lado, el Open Arms en Barcelona y, por otro, el Aita Mari, en Pasaia, dos buques destinados a salvar vidas en el Mediterráneo central, Amnistía Internacional pide que se aceleren los trámites para facilitar que ambos barcos de rescate (operados por las ONG Proactiva Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario) puedan zarpar lo antes posible.
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“Los obstáculos burocráticos que han denegado la salida de ambos barcos impiden a las organizaciones llevar a cabo actividades que han sido esenciales para proteger la vida de miles de personas que huyen de la guerra y la persecución para encontrar un lugar seguro”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “La consecuencia más directa es que en estos momentos podrían estar evitándose muchas muertes, y la solución es clara: permitir la salida de estos barcos y recordar que salvar vidas no es delito”, añade.
Amnistía Internacional señala que las organizaciones de salvamento y rescate son más necesarias que nunca en un momento en que los Estados europeos se han retirado casi completamente de las labores de vigilancia en el Mediterráneo central, disminuyendo así los recursos destinados a salvamento.
“Más aún, la creciente hostilidad y criminalización de las ONGs, así como la externalización del control de fronteras a países como Libia, parece querer lanzar una vez más el mensaje de que los Estados pretenden reducir el número de personas refugiadas y migrantes que llegan a Europa, sin importar el sufrimiento y la muerte que eso conlleva”, asegura AI España. “Penalizar a las ONGs Proactiva Open Arms y Maydayterraneo es injustificado y resulta una vulneración de los derechos humanos, tanto de las tripulaciones como de las personas en peligro en el Mediterráneo central”.
No quieren “excusas”
El principal argumento empleado por las Capitanías Marítimas sobre que los barcos se han visto forzados a navegar durante varios días transportando a un número elevado de personas por un largo periodo de tiempo, algo para lo que los buques no están preparados y que, por lo tanto, incumplirían así sus obligaciones de derecho internacional (cuando uno de los barcos, el Aita Mari, ni siquiera había intervenido todavía en tareas de rescate), no puede ser la excusa para que estas embarcaciones dejen de hacer un trabajo cuya responsabilidad debería recaer en los Estados europeos.
Amnistía Internacional se mantiene a la espera de la respuesta a la carta enviada a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en la que exige el desbloqueo de estos barcos y una política de vigilancia y rescate proactiva al salvamento de vidas en el mar, así como promover y apoyar a nivel europeo la pronta creación de un sistema de desembarco que asegure que las personas rescatadas llegan a puerto seguro en Europa, tal y como indica el derecho internacional.
“Si se mantienen las políticas de cierre de puertos, si Italia continúa su retirada de la coordinación de tareas de salvamento, si las autoridades italianas y maltesas no ponen fin a sus disputas sobre sus obligaciones con respecto a las zonas de rescate, lo que sucede es que, en muchas ocasiones, las personas migrantes y refugiadas solo cuentan con las ONGs para no ser una cifra más en el número de cadáveres que alberga el Mediterráneo”, lamenta Esteban Beltrán. Además, AI recuerda que es necesario resolver, mediante una reforma en el sistema europeo de asilo, el desincentivo que provoca la obligación para los países de primera entrada de asumir la responsabilidad de la asistencia y protección de las personas que llegan a Europa, sin que haya una verdadera distribución compartida de solicitantes de asilo entre los países europeos. “Esa solución no puede pasar por dotar de apoyos técnico y financieros a Libia, país no considerado seguro para personas migrantes y refugiadas, y de formación a su guardia costera a través de la operación Sophia de Salvamento y Rescate, sino por un verdadero compromiso europeo de solidaridad compartida”, concluye Beltrán.
