Corría el año 2003 cuando la Comunidad de Madrid, dirigida por Esperanza Aguirre, ponía su vista en la sanidad madrileña. El Gobierno del PP daba vida al Plan de Infraestructuras 2004-2007, con el que buscaba construir siete nuevos hospitales públicos pero cuya concesión de la construcción y la gestión de los servicios no sanitarios caía en manos privadas.
Más de una década y media después, la Asamblea de Madrid ha concluido que el plan ha traído como resultado “un crecimiento exponencial de la deuda y la implantación de un modelo de contrato pensado en la obtención de beneficios privados contrarios al interés público”.
Así se ha concluido en el borrado del dictamen de la Comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid tras una legislatura de investigación y trabajos. Unas conclusiones llegan ante la alerta del endeudamiento en la región: en diez años ha crecido este problema un 300%.
Los grupos han comenzado señalando que Aguirre “nunca contó con estudios técnicos previos de eficiencia comparada, ni de necesidades sanitarias”.
Simplemente, según han destacado, se “buscaba rentabilidad política a corto plazo y ampliar las perspectivas de negocio de las constructoras y abrir la puerta a un modelo privatizable”, tal y como “han puesto de manifiesto” los responsables del Plan de Infraestructura en las comparecencias que se han ido dado a lo largo de la legislatura.
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Partiendo de la base de que el plan de Aguirre no contaba con informes, los diputados han completado que los contratos con las empresas concesionarias “contenían numerosas cláusulas que han resultado en un sobrepago a lo largo de los años”.
Pese a ello, la Asamblea ha incidido en el canon que se paga, en la “compleja fórmula” para pagar a las empresas por los servicios no sanitarios. Es ahí donde la investigación denuncia que “el pago oculto de la amortización de la construcción” del hospital hace “imposible diferencia el precio cierto”. “Se puede considerar una negligencia contable”, han reseñado.
Esta “opacidad” se ha ido viendo en las comparecencias: “Hemos obtenido hasta siete versiones diferentes sobre qué porcentaje del canon anual pagado a las sociedades concesionarias está destinado a la amortización de la construcción y qué porcentaje al pago de los servicios no sanitarios”.
En una de estas comparecencias, como recogió EL BOLETÍN, el Hospital Infanta Leonor de Vallecas reconocía que ya se había pagado la construcción, pero que se seguía haciendo. “Pero nos quedan por cumplir dos tercios del contrato hasta el 2035, lo que implica un notable sobrecoste”, han recalcado los diputados en el borrador.
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El canon es la punta del iceberg. Las variables introducidas en los contratos han provocado que este concepto se haya disparado un 47% desde 2007 hasta los últimos presupuestos. Todo, según la Asamblea, “sin que ni la actividad ni los recursos sanitarios ofrecidos por estos hospitales se hayan visto modificados”.
De hecho, los diputados han encontrado casos llamativos como el del Hospital Puerta del Hierro. En dicho centro, pese a eliminar 135 camas, “se han seguido pagando durante estos años, lo que ha supuesto un pago indebido a esta sociedad concesionaria de 1,3 millones anuales por parte de la Administración”.
De esta manera, el Parlamento madrileño ha alertado de que los modificados realizados “fueron elaborados a través de un cauce procedimental irregular” al omitir “un trámite fundamental como es el informe de fiscalización de la Intervención General”.
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Una radiografía que tampoco pasa por alto la “interpretación perversa” de algunas cláusulas como la de Eficiencia Energética. En este sentido, los grupos han descubierto que el gasto energético en los nuevos hospitales se triplica o duplica respecto a los construidos hace más de 40 años.
Únicamente las empresas se han dedicado a dejar de hacer un gasto energético indebido y así conseguir “importantes beneficios económicos”. “Resulta contrario a lo que estipulan los Pliego de Condiciones Técnicas en los que se instaba a una política restrictiva en materia de energía”, han completado.
Unos centros que han ido cambiando (y siguen) de manos. “En la primera fase algunas aparecen en los sumarios judiciales de las tramas de corrupción, en la segunda han vendido sus acciones a fondos de inversión”, se puede leer en el informe de la Asamblea de Madrid.
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Mientras, según los Registros Mercantiles, los beneficios de estas concesionarias a lo largo de estos años (2010-2016) en plena crisis, “han triplicado o cuadruplicado la ‘Rentabilidad Razonable’ aplicable a este tipo de inversiones, muy por encima del TIR comprometido con ellas en el contrato inicial”.
Una postura que contrasta con el control por parte de la Comunidad de Madrid de estas sociedades. Y es que la Unidad Técnica de Control, dependiente de la Consejería de Sanidad, está externalizada a la empresa ‘Hill Internacional’.
“Se trata de una empresa que se dedica al mismo negocio que las concesionarias y presta sus servicios de consultoría al as propias constructoras”, han matizado los diputados.
Por ello, la comisión ha llegado a la conclusión de que se eligió el modelo “más arbitrario y gravoso para las arcas públicas”. Así, han recomendado revisar los contratos y esclarecer si se han producido “responsabilidades penales y contables entre los responsables”.
