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Doble ofensiva de Equo para ‘salvar’ Doñana de Moreno Bonilla y de los pozos ilegales

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Los verdes recogen firmas contra la promesa electoral del PP de atravesar Doñana con una autovía Huelva-Cádiz y pide Sánchez la cifra oficial de pozos ilegales.

jueves 31 de enero de 2019, 08:09h

Equo ha puesto en marcha una ofensiva para proteger Doñana en dos frentes: tanto de los pozos ilegales que están secando este espacio natural protegido como de los planes del gobierno de Andalucía, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla quien en campaña recupero uno de los proyectos estrella de Javier Arenas: la construcción de una autovía Huelva-Cádiz que necesariamente afectaría al Parque Nacional.

Evitar que el PP andaluz, ahora en el poder, cumpla su promesa electoral y ponga en marcha “un proyecto reiteradamente descartado por su inasumible afección medioambiental” es uno de los objetivos que se ha marcado Equo.

Y para ello, Equo Andalucía Verdes ha lanzado, a través de la plataforma virtual Change.org, una recogida de firmas en la que pide a la ciudadanía que se sume a su reclamación al nuevo Gobierno andaluz para que abandone el proyecto de nuevas infraestructuras de alta capacidad en el entorno de Doñana, una idea que califican de “destructiva y peligrosa para el Medio Ambiente y el buen nombre de Andalucía”.

Además nuestro diputado, Juantxo López de Uralde, registró la semana pasada en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez en la que cuestiona al Ejecutivo por su postura ante la posibilidad de que se intente materializar esta autovía y sobre si tiene previsto ejercer alguna medida para oponerse “con el objetivo de proteger el espacio natural frente al interés económico”.

Equo recuerda que la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger el acuífero de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en los humedales. Por lo que Florent Marcellesi, el eurodiputado de EQUO que participó en la misión de los europarlamentarios que acudieron a evaluar el estado de Doñana el pasado mes de septiembre, avisa al nuevo Gobierno andaluz que “en vez de suprimir la Consejería de Medio Ambiente y plantear cómo destruir Doñana con autovías insostenibles, más les valdría poner la conservación de nuestro patrimonio en el centro de sus políticas”.

Pozos ilegales

El segundo frente que quiere mantener vivo Equo es precisamente ese: el rapapolvo de Bruselas a España no proteger las masas de aguas subterráneas ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos de los humedales de Doñana. Y por ello, esta formación ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno para conocer la cifra exacta de pozos ilegales pero no sólo en Doñana sino en todo el territorio nacional.

Este partido recuerda que aunque el dato público se remonta a 2006, otras cifras no oficiales de 2017 situarían la cifra en un millón. Por lo que reclaman al Ejecutivo medidas para clausurar esos pozos y evitar que sigan proliferando.

Juantxo López de Uralde, diputado de Equo en Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, considera que “los pozos ilegales son una realidad de impacto dramático que había pasado casi desapercibida hasta ahora, pero cuyas consecuencias son bien visibles en muchos lugares. Precisamente la Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana, pero son muchos más los lugares afectados”.

Señala que las cifras no oficiales del propio Ministerio de Agricultura estiman un millón de pozos ilegales que podrían estar extrayendo 7.000 hm3 al año. Y alerta que estos pozos ilegales contribuyen “muy negativamente “a agravar el estrés hídrico que sufren algunos territorios.

Al tiempo que subraya que la OCDE ha identificado zonas especialmente afectadas por el estrés hídrico debido a la sobreexplotación de los acuíferos, entre ellas, Islas Canarias, Campo de Dalias (Almería), Sierra de Crevillente (Alicante) y Sierra de Cartagena (Almería, Alicante y Murcia).

“El primer paso para resolver un problema es reconocer su magnitud. En ese sentido es imprescindible saber cuántos pozos ilegales hay, donde están ubicados y qué medidas se están tomando para perseguir esta práctica”, explica López de Uralde.

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