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Garrido saca a concurso los análisis clínicos hasta 2023 y por menos dinero que hace una década

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UGT y la plantilla avanzan que impugnarán los pliegos del contrato porque ponen en riesgo los puestos de trabajo y la calidad del servicio.

miércoles 23 de enero de 2019, 06:00h

La Comunidad de Madrid sigue avanzando para mantener la privatización de los análisis clínicos. El contrato que firmó el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2009 y que suponía externalizar el servicio en los ‘nuevos hospitales’ concluyó a finales de 2018. Ahora, la Consejería de Sanidad ha sacado los nuevos pliegos para dejar en manos privadas la gestión hasta 2023.

El Ejecutivo de Ángel Garrido ha desoído a sindicatos, oposición, asociaciones y trabajadores: se continuará con la privatización y no se obligará a subrogar a la plantilla. Pero la respuesta de profesionales y organizaciones sindicales no se ha hecho esperar.

Según ha podido conocer EL BOLETÍN, la plantilla ha decidido ir adelante con la impugnación de los pliegos al considerar que ponen “muy en riesgo nuestros puestos de trabajo y bajaría considerablemente la calidad al bajar las presencias actuales de trabajadores”. No son los únicos. UGT también ha anunciado que ya ha interpuesto un recurso por lo mismo.

“Los pliegos son un completo desastre”, resumen fuentes de los trabajadores a este medio. Por el momento, hay grandes diferencias entre los redactados en el contrato que inició la privatización en 2009 y los que continúan por este camino ahora en la actualidad. La primera tiene que ver con la población a atender.

Según los pliegos recientemente publicados, la empresa ganadora tendrá que encargarse de los análisis clínicos de los hospitales Infanta Leonor, Henares, Sureste, Infanta Cristina, del Sureste y del Tajo. Seis ‘nuevos hospitales’ que tienen actualmente asignadas a 1.235.876 personas frente a las 1.068.674 personas del contrato de hace una década.

Sin embargo, este aumento de población no contrasta con el dinero dedicado por la Consejería de Sanidad. En 2009, la Comunidad de Madrid fijó la cuantía máxima por persona en 22,05 euros al año para cubrir el servicio. En la actualidad, esa cifra ha descendido hasta los 15,88 euros anuales.

“Los pliegos plantean una reducción económica y de plantilla de personal, cuando en estos diez años ha habido un considerable aumento de la población asistida”, alertan desde UGT. Esto mismo se aprecia en el presupuesto base de licitación de todo el contrato.

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El nuevo concurso arranca con un precio de salida de 78,5 millones de euros para poco más de cuatro años. En 2009, esta cuantía fue de 172,7 millones pero para ocho años. A pesar de ser casi la mitad de años, las distancias se aprecian en la comparación entre años.

En los pliegos redactados por Esperanza Aguirre se fijaban el año a 23,5 millones de euros. Así se puso para 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Ahora, para dar el servicio durante 365 días, se ha situado un presupuesto base de licitación anual de 19,6 millones (2020, 2021 y 2022). Es decir, cuatro millones menos.

A esta rebaja hay que sumarle más condicionantes: aparte de encargarse del servicio, la empresa ganadora “deberá comprar, por su cuenta y riesgo, los reactivos necesarios así como el material para la obtención de muestras”. Un cambio respecto a 2009 que para los trabajadores tiene traducción: “Es un suicidio económico para cualquier empresa”.

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Al mismo tiempo, el número de trabajadores no ha notado el paso del tiempo; casi todo lo contrario. La cifra de técnico totales se ha reducido de 2008 a la actualidad en todos los hospitales, perdiendo hasta siete profesionales, por ejemplo, en el Infanta Sofía (de 29 a 22).

Respecto a las presencias que hay en los centros, en los pliegos de este año se ha conseguido aumentar en una persona en algunos hospitales. La plantilla matiza: lo han conseguido ellos, aunque siguen asumiendo un gran número de fines de semana y de noches.

Mientras tanto, según recalca UGT, “la Administración no explica la necesidad de seguir encomendando a empresas privadas un laboratorio que es esencial para un millón y medio de ciudadanos”. Ni tan siquiera “explica la falta de medios públicos para prestar este servicio directamente”.

Esto mismo viene siendo denunciado por PSOE y Podemos, que cuando conocieron las intenciones privatizadoras lamentaron la oportunidad perdida y la trampa de la Comunidad de Madrid. Según lamentaron, “se ha externalizado sin base científica”, por lo que “no hay ninguna razón para que esté externalizado”.

De esta manera, la plantilla, después de analizar todos los datos y ver que la licitación “se ha hecho deprisa y corriendo”, ven una salida: que el proceso “no debería seguir adelante” ante el riesgo de pérdidas de trabajo y de calidad y, el consiguiente, efecto en el paciente.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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