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Bronca y acusaciones de corrupción para gestionar un centro de víctimas de la violencia machista

Reunión del  Observatorio Regional de la Violencia de Género
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Reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género (Foto: Comunidad de Madrid)

El contrato de un centro de emergencia en Madrid acaba en denuncias tras acusaciones de maniobras para hacerse con la adjudicación.

viernes 04 de enero de 2019, 12:39h

La gestión del centro de acogida temporal número 3 para mujeres víctimas de la violencia machista en la Comunidad de Madrid ha acabado enredado entre tribunales. La adjudicación de este servicio, de hecho, ha contado entre asociaciones sin ánimo de lucro con acusaciones de "mala fe" y maniobras para ganar un contrato perdido.

Todo nació el pasado 23 de febrero cuando salieron a la luz las condiciones del contrato para gestionar este centro de emergencia. En total, cinco organizaciones fueron evaluadas: la Asociación Centro Trama, Intress, la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, Provivienda y Fepas.

El proceso siguió su curso hasta el 30 de julio que la Asociación Centro Trama se hizo con el contrato. La firma del mismo estaba prevista para el 28 de agosto. Pero poco antes apareció el conflicto entre esa entidad e Intress cuando se pidieron los datos para la obligatoria subrogación de la plantilla del centro.

Algunas de las condiciones laborales han sido modificadas una vez que Intress conocía que no era adjudicataria del servicio, lo que evidencia mala fe y una finalidad para perjudicar a sus competidores

Según la denuncia de la Asociación Centro Trama, Intress –anterior encargada del servicio- facilitó datos que "no son ciertos". Algo que provocaba un "grave desfase" en el precio ofertado (y ganador) para encargarse ahora de la gestión del centro durante dos años. La empresa cifró esta alteración en 144.000 euros.

Intress matiza a EL BOLETÍN que todo estaba atado para el traspaso del servicio, pero que a última hora la Asociación Centro Trama se echó atrás. "Todo estaba ok", insisten. Aun así, la Asociación Centro Trama es directa.

"Algunas de las condiciones laborales han sido modificadas una vez que Intress conocía que no era adjudicataria del servicio, lo que evidencia mala fe y una finalidad para perjudicar a sus competidores, que de prestar el servicio siempre sería con pérdidas", señalan.

En este sentido, la entidad destaca que Intress buscaba, además, otro objetivo: que la Asociación Centro Trama renunciase al contrato "para que finalmente vuelva a ellos la posibilidad de suscribir el contrato, cuando no fueron los adjudicatarios inicialmente".

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El 28 de agosto, según la denuncia judicial de la organización, se advirtió a la Consejería de Políticas Sociales de esta variación en los cálculos de la subrogación. En ese momento, la Asociación Centro Trama reclamó suspender la formalización del contrato, aunque sin renunciar a ser adjudicatario.

El comité de empresa de Intress aporta otro apunte

El comité de empresa de Intress ha explicado a este medio que la variación, en realidad, tiene que ver con unas mejoras laborales conseguidas "tras dos años de lucha" y que la Asociación Centro Trama "no quiso respetar". De hecho, han lamentado que esta entidad quisiera ignorar el acuerdo de mejoras laborales de Intress en el centro. "Dijeron que no podían asumir los cambios".

En busca de alguien que se encargue del servicio

La Comunidad de Madrid fue contundente: la petición queda desestimada ya que las variaciones económicas en las retribuciones del personal son mínimas. "Afectan solo a dos de los trabajadores y es imposible modificar un contrato que aún no se ha formalizado", completaron.

De esta manera, el Gobierno madrileño decidió correr el turno. La empresa que quedó segunda fue la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Y, según se puede leer en las actas publicadas, esta fundación también rechazaba la gestión "bajo estas nuevas condiciones económicas conocidas con posterioridad".

Según la compañía, las variaciones "hacen, por su parte, inasumible la gestión del centro". La pelota sigue corriendo y recae finalmente en las manos de Intress. Este jueves el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado la adjudicación definitiva a Intress tras el correspondiente recorrido judicial.

Se ha visto beneficiada de su sopesada infracción legal, que impidió a dos mejores licitadores completar el contrato al que tenían derecho con carácter preferente

La Asociación Centro Trama, en su denuncia a los tribunales, no dudó en hablar de una "inaceptable actuación fraudulenta" por parte de Intress al ver que volvía a ganar el concurso pese a quedar tercera. Desde Intress niegan cualquier tipo de acusación.

"Se ha visto beneficiada de su sopesada infracción legal, que impidió a dos mejores licitadores completar el contrato al que tenían derecho con carácter preferente", reprochan desde la Fundación Asociación Trama que ha rechazado hacer declaraciones a EL BOLETÍN.

Es más, en su recurso especial hacen hincapié en el artículo 64 de la Ley 9/2017. Norma que habla de regular la lucha contra la corrupción y que apunta a que los órganos de contratación "deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción".

La Asociación Centro Trama también ha querido sacar a colación la ley 3/1991, de 10 de enero, sobre la competencia desleal y conductas engañosas "que contengan información falsa".

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública habla

La entidad pidió la suspensión de la adjudicación y que Intress quedase excluida del concurso. Pero estas intenciones se chocaron con la Justicia madrileña que, en una sentencia el pasado 5 de diciembre, decidió inadmitir el recurso "al considerarse extemporáneo".

Es decir, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha tomado esta medida porque la Asociación Centro Trama no llegó a tiempo: tenía 15 días desde el 5 de septiembre de 2018 y el recurso entró en el registro del órgano de contratación el 19 de noviembre.

El conflicto puede ir para largo después de que el tribunal recalcase que cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses.

Por el momento, según avanzan desde Intress, no hay noticias de cualquier otro movimiento judicial.

Una gestión para dos años

Por el momento, la gestión de las 25 plazas irá a cargo de Intress durante dos años.

El precio base de licitación que puso la Comunidad de Madrid fue de 1.174.404 euros y la oferta económica, que tiene un peso del 70% en el contrato, definitiva es de 1.046.287 euros para proporcionar un alojamiento temporal y seguro, así como la manutención y un tratamiento integral.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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