Los vecinos del centro de Madrid aplauden que el Gobierno ‘meta mano’ al alquiler turístico

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Los vecinos del centro de Madrid aplauden que el Gobierno ‘meta mano’ al alquiler turístico

Las asociaciones que han presentado 1.022 denuncias contra viviendas ilegales en Madrid están satisfechas con las medidas del decreto aunque creen que se quedan cortas.

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Los vecinos de Madrid que más se han movilizado contra el crecimiento sin control de los alquileres turísticos dan la bienvenida a las medidas que ha aprobado este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez para poner orden de las viviendas turísticas, ya que las consideran una herramienta más para luchar la turistificación y gentrificación del centro de la capital.

Su satisfacción se debe a que el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el Consejo de Ministros, saca la vivienda turística de la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al tratarse de una actividad económica y también modifica la Ley de Propiedad Horizontal para posibilitar que, por mayoría cualificada de tres quintos, las comunidades de propietarios puedan acordar limitar o vetar los arrendamientos turísticos en el edificio “con el fin de favorecer la convivencia”. Permitiendo también la nueva normativa aumentar la participación en los gastos de comunidad a los propietarios de viviendas turísticas por el mayor uso de los servicios comunitarios (ascensor, zonas deportivas, piscina, luz, etcétera). Algo que se podrá hacer también, mediante mayoría cualificada, siempre con incrementos no superiores al 20%.

Víctor Rey, presidente de la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras, entidad que lleva cuatro años denunciando la proliferación descontrolada de los pisos turísticos y los problemas de convivencia y seguridad que generan en la vecindad, da la bienvenida a estas medidas aprobadas por el Ejecutivo, aunque cree que se quedan cortas.

Y es que el representante de esta asociación considera que las competencias en materia de vivienda “deberían estar en manos de los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano y las que conocen mejor la realidad de una ciudad”.

Víctor Rey sabe de lo que habla cuando se refiere a la proliferación descontrolada del alquiler turístico en Madrid. La asociación que preside –en colaboración con el colectivo Lavapiés donde Vas y la Asociación de Vecinos La Corrala- ha presentado ante el Ayuntamiento 1.022 denuncias de viviendas ilegales que se alquilan a turistas,” denuncias que están siendo inspeccionadas por el Consistorio y que han dado lugar ya al cierre de muchas de viviendas que se habían convertido en hoteles encubiertos”.

Rey informa que el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena está ordenando el cese de la actividad en esos pisos y comunicándolo a la comunidad de Madrid para que interponga las sanciones correspondientes y afirma que dichas inspecciones han provocado, entre otros, “el cierre del edificio de la calle Príncipe 15, un inmueble en el que 42 de sus 50 viviendas de uso turístico, y también de 5 viviendas del número 25 de la calle Carretas y otras 18 viviendas en la calle Ventura de la Vega”

Víctor Rey dicen que han contabilizado en el centro 94 empresas que gestionan unos 7.000 pisos de alquiler turístico, pero también señala que muchos particulares con la presión vecinal y las inspecciones municipales están retornando al alquiler de larga duración, «con lo que vuelven a reaparecer en nuestros barrios los carteles de se alquila que no se veían desde hace más dos años, eso sí a precios que no se conocían entonces», subrayando que antes las rentas medias que se pedían eran de unos 700 euros y ahora se han disparado a los 1.200-1500 euros.

El presidente de la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras está satisfecho porque después de dos años y medio localizando las viviendas turísticas ilegales y presentando denuncias la lucha está comenzando a dar resultados fruto de la movilización de la sociedad civil”, una tarea a la que cree ayudarán las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno central.

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