El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea (TEDH) ha condenado a España por vulnerar los derechos fundamentales del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio por el caso Bateragune, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación.
El Tribunal de Estrasburgo considera que el juicio que condenó a Otegi no fue justo y cuestiona la imparcialidad de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. No obstante, a pesar de esta última sentencia, España sigue siendo uno de los países de Europa con menos condenas del TEDH.
Según los datos oficiales del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea (TEDH), entre 1959 y 2017 España, que se incorporó en 1979 a la Convención de DDHH, ha sufrido 103 condenas. Lejos de las 193 de Alemania, 259 de Portugal, 314 de Reino Unido, 728 de Francia, 864 de Grecia y 1.819 de Italia. Los transalpinos ocupan la tercera plaza de los países con más sentencias adversas del TEDH. Rusia (2.127) y Turquía (2.988) copan el pódium.
Diez sentencias contra España
Entre esas 103 condenas hay varias que tuvieron especial relevancia mediática. Sin ir más lejos, este mismo año el Tribunal de Estrasburgo impuso una multa a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de dos jóvenes catalanes que quemaron fotos del Rey Juan Carlos I en el 2007.
Enric Stern y Jaume Roura fueron condenados en un inicio a 15 meses de cárcel por injurias a la Corona. Sentencia que fue sustituida por una multa de 2.700 euros a cada uno de ellos. El TEDH consideró que aquella decisión fue una decisión desproporcionada.
Apenas un mes antes de esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que los miembros de ETA Igor Portu Juanena ‘Pantani’ y Mattin Sarasola Yarzabal ‘Luzia’, responsables del atentado en la T-4 de Barajas, sufrieron tratos inhumanos y degradantes tras su arresto por la Guardia Civil en 2008.
El año pasado, Estrasburgo condenó a España por vulnerar el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos – el derecho a un juicio justo – en el juicio contra el expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y de los exmiembros de la Mesa de la cámara Kontxi Bilbao y Gorka Knörr. Los tres habían sido condenados por un delito de desobediencia al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.
En 2016, el TEDH condenó a España por no investigar suficientemente las denuncias de torturas de Xabier Beortegui Martínez tras ser detenido por la Guardia Civil en 2011 en una operación contra EKIN.
Un año antes de esa condena, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había cargado contra España por no investigar las alegaciones de malos tratos denunciadas por Jon Patxi Arratibel Garciandia durante su detención incomunicada en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.
Las sentencias contra España por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas han sido reincidentes en los últimos años. En 2014, Estrasburgo señaló que la justicia española no había actuado correctamente en los casos denunciados por los miembros de ETA Ohian Unai Ataun y Beatriz Etxebarria (denunció malos tratos y abuso sexual).
En ese sentido, el tribunal europeo condenó al Estado a una indemnización de 24.000 euros en favor de Ohian Unai Ataun y de 29.000 euros para Beatriz Etxebarria.
En 2012, el TEDH condenó a España por no investigar las torturas que presuntamente había sufrido el director del periódico en euskera Egunkaria, Martxelo Otamendi. Estrasburgo acusó al Estado de vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe el trato inhumano o degradante, y emplazó a España a indemnizar con 24.000 euros al señor Otamendi.
Un año antes, en 2011, mismos protagonistas que esta semana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que España había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi, condenado por el Tribunal Supremo en 2005 a un año de prisión por haber llamado al Rey “jefe de los torturadores”.
El tribunal justificó que Otegi lo dijo como portavoz de un grupo parlamentario y en una cuestión de interés para el País Vasco y sancionó a España con una indemnización de 20.000 euros para Otegi por daños morales.
El historial de Estrasburgo contra el sistema judicial español acogió en 2004 una condena a España por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas y malos tratos presentadas por 15 detenidos en los días anteriores a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
