El Congreso ha convalidado esta mañana el real decreto ley del Gobierno que busca limitar la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La normativa, que dará potestad a las autonomías y los ayuntamientos para restringir dentro de cuatro años las licencias que usan Uber y Cabify, ha sido respaldada por el PSOE y los partidos que apoyaron la moción de censura, pero tendrá que tramitarse como proyecto de ley, lo que abre la puerta a realizar modificaciones en el texto final vía enmiendas.
En concreto, el decreto ha recibido los votos a favor de PSOE, Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria y ha contado con el rechazo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que UPN ha optado por la abstención. No obstante, excepto los socialistas y la formación morada, el resto de partidos ha respaldado que se pudan presentar enmiendas al texto.
Se trata de uno de los ‘decretazos’ del Ejecutivo de Pedro Sánchez que más polémica ha levantado, pues no ha contentado a ninguna de las partes, ni a las empresas de VTC ni a los taxistas. La normativa cede a autonomías y ayuntamientos la decisión de limitar esta actividad en las ciudades, pero ofrece una moratoria de cuatro años para adaptarse a las nuevas medidas.
Una vez finalizado este plazo, las licencias de VTC que existen en España, actualmente unas 11.200, tan solo permitirán realizar servicios de transporte interurbanos. Es decir, los vehículos que cuentan con estas autorizaciones perderán finalizado el período de adaptación la capacidad de ofrecer su actividad dentro de las ciudades, donde compiten con el gremio del taxi.
A partir de entonces, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos las que decidan otorgar a los coches que así lo deseen las licencias urbanas necesarias para poder circular dentro de las localidades. Establecerán el ratio de licencias VTC frente a las de taxi, y regularán también otros aspectos de estas actividades “en su calidad de transporte urbano” como el precio o modo de captación de clientes permitido.
Las compañías VTC, que se quejaban de la pérdida de licencias y la “inseguridad jurídica” generada, celebran la tramitación como proyecto de ley. En su opinión abre “de nuevo una vía de diálogo”, mientras que la asociación de taxistas Fedetaxi, la mayoritaria del gremio, afirma que supone un “paso atrás” en el conflicto que pone de manifiesto “la falta sintonía del ejecutivo con sus socios parlamentarios”.
