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Por un nuevo contrato social

Urna electoral
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Urna electoral (Foto: Raúl Fernández)

El autor advierte de que el “programa político de las próximas elecciones autonómica y locales debería ir mas allá de la reivindicación de los gobiernos del cambio”.

viernes 12 de octubre de 2018, 05:00h
En el último CIS, los ciudadanos, a pesar de una ligera mejora de sus expectativas sobre la economía, mantienen el pesimismo con respecto a la situación política y las principales instituciones democráticas. En particular, continúan señalando la situación de Cataluña entre sus principales preocupaciones. Por extensión, incrementan sus dudas con respecto al futuro de las comunidades autónomas (CCAA).

El modelo autonómico se encuentra en una crisis de confianza, como tantos otros pilares hasta ahora indiscutidos de nuestra convivencia, con el mayor cuestionamiento de su corta historia, atrapado entre la huida hacia adelante del independentismo y el duelo de patriotas centralizador de las derechas. Algo que no tiene visos de mejorar a corto plazo, a tenor de la deriva social y penal del procés y la debilidad política y presupuestaria del Gobierno en relación a la financiación de las CCAA, con la consiguiente inseguridad, desafección y reacción centralista en pleno proceso preelectoral. El modelo autonómico se encuentra así mismo atrapado entre las expectativas de recuperación económica y la realidad de una restricción financiera, fiscal y presupuestaria en la que tampoco tiene demasiado margen de maniobra.

Desde el punto de vista financiero, está además limitado por un sistema de financiación agotado y por los compromisos de déficit y regla de gasto presupuestarios que afectan especialmente al desarrollo Estado del Bienestar (o medio estar), ahora en peligro de colapso como consecuencia de los recortes acumulados. Precisamente, el núcleo del corazón social que gestionan las CCAA.

Resultaría sarcástico que vayan a ser el independentismo, los recortes, las privatizaciones y la corrupción los que socaven la confianza ciudadana precisamente en las instituciones que garantizan sus derechos sociales y sus servicios públicos esenciales. Todo ello con una población envejecida por un lado y de jóvenes parados o precarios por otro, que obligan a cambios en la orientación, organización y financiación tanto de los servicios de salud, sociales y de dependencia como de los educativos, de formación para el empleo, y de las políticas activas y la protección social.

A todos estas dificultades hay que añadir los daños autoinfringidos por las propias CCAA, provocados por la loca carrera impulsada por las derechas de competencia a la baja en los impuestos a las donaciones, las herencias, el patrimonio y la renta, y al incremento de todo tipo de deducciones y exenciones sin sentido que limitan aún más la capacidad recaudatoria y la autonomía financiera de la hacienda de las autonomías. Porque incluso en mayor medida que la administración central, las CCAA tienen que dar respuesta al malestar social producto de la crisis y sus recortes, y también a la pérdida de confianza y el deterioro institucional por la corrupción y el despilfarro.

Pero, sobre todo, y como producto de ambos factores, tienen que dar respuesta a la pérdida de confianza en la legitimidad de los impuestos, de los servicios públicos universales, precisamente cuando son más necesarios y sin embargo se encuentran más cuestionados por las políticas neoliberales de desfiscalización de impuestos, así como por las privatizaciones.

Además, otro reto para las CCAA es la llamada crisis de cuidados, denunciada por el movimiento feminista y los pensionistas, y con evidentes consecuencias en la política autonómica. No solo para hacer frente a lo más urgente, como la violencia y la desigualdad de género, sino también con respecto a las prioridades de las rentas mínimas en el camino de la renta básica, la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años, la lucha contra la pobreza infantil, energética y habitacional, la prioridad del envejecimiento activo y la urgente reorientación sanitaria, más allá de la medicamentalización y tecnificación actuales, hacia los determinantes sociales, la promoción de condiciones y de hábitos saludables, la prevención y la atención sociosanitaria a crónicos.

En materia productiva, sin perjuicio de las competencias estatales y comunitarias sobre la política industrial, agraria, los servicios etc., las CCAA tienen un papel fundamental en el ámbito universitario y la investigación, en la ordenación del territorio, el medio ambiente y la nueva gestión del agua y los residuos. El mayor papel del tercer sector, el sector social y cooperativo son otras de las cuestiones a las que responder. El sector público y el imprescindible cambio en su modelo de gestión tradicional hacia un modelo de gobierno abierto, de participación ciudadana efectiva y de cogestión, así como la efectiva evaluación de las políticas públicas.

Por eso, el programa político de las próximas elecciones autonómica y locales debería ir mas allá de la reivindicación de los gobiernos del cambio. Debería proponer un nuevo contrato social y un compromiso democrático federal en los ámbitos autonómico y local que logre, en palabras de Azaña, canalizar la identidad y los sentimientos mediante la razón. Para, en primer lugar, consolidar los servicios públicos como derechos universales (salud, educación, servicios sociales, justicia, etc.); reorientar sus objetivos frente a la crisis de cuidados y abrir su modelo de gestión a la participación y la cogestión.

En segundo lugar, para afrontar la reordenación del territorio y regenerar el medio ambiente en el contexto de los compromisos de sostenibilidad económica, social y ambiental frente al cambio climático, en relación a la gestión del agua, el tratamiento de los residuos, la lucha contra la contaminación, la movilidad y reforma pactada de sectores productivos.

Además, se trataría de la incorporación de la igualdad de género en todas las políticas, el reparto de tareas, la diversidad sexual, la lucha contra la violencia y educación en igualdad. Por otro lado, habría que relanzar las medidas de regeneración democrática, transparencia, protección de los denunciantes, el gobierno abierto, la reforma electoral, la participación y la prevención y lucha contra la corrupción.

Apoyar a los sectores productivos, economía social, cooperativas, crédito y economía endógena, agricultura ecológica e inserción laboral compondrían otro aspecto, así como la preservación y promoción de la cultura, la protección del patrimonio cultural y lengua propia, de la comunicación y el deporte. Por último, la recuperación de la prioridad de los derechos humanos, inmigración, emigración, cooperación y solidaridad.

Pero para todo ello es imprescindible una reforma fiscal para la justicia y la equidad basada en impuestos progresivos a las mayores rentas y patrimonios, la lucha contra el fraude, la imposición a la herencia, también de la fiscalidad ambiental, de aquella promotora de hábitos saludables y un nuevo sistema de financiación autonómico aún pendiente.

Mucha tarea, más allá de la mera reivindicación de la regeneración y el cambio. Propongámonos reconstruir un nuevo contrato social para la convivencia federal.

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