La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a salir en defensa del negocio de las vivienda de uso turístico y las plataformas como AirBnb. Apenas una semana después de anunciar que había impugnado en los tribunales las normativas urbanísticas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastián sobre este tipo de alquiler, el organismo regulador ha publicado un estudio en el que recomienda eliminar las restricciones y sostiene además que no hay “evidencia empírica” de su impacto en los precios de la vivienda tanto para la venta como para el alquiler.
El estudio, publicado este lunes, se hace eco de las críticas que afirman que el auge de los apartamentos para alquiler turístico tiene un impacto “sobre el precio de la vivienda (alquiler o compra) en determinadas zonas de las ciudades, especialmente en el centro histórico, donde la entrada de las viviendas de uso turístico ha sido más importante, así como su efecto arrastre a otras zonas colindantes”. Pero la CNMC considera que “no existe evidencia concluyente” que relacione de forma directa a AirBnb y plataformas similares con la subida de los precios, “pues si bien se ha registrado un aumento generalizado de los precios de la vivienda en España en los últimos años, ello se debe a una confluencia de factores económicos, entre los que cabría incluir el uso turístico, pero es difícil discernir en qué medida han contribuido cada uno de esos factores”. “Así, no existe evidencia de una relación directa y exclusiva entre la oferta de viviendas turísticas y el precio de las viviendas”, añade el documento.
Tampoco cree que otros “efectos negativos” que se le achacan a la proliferación de las viviendas de uso turístico sean realmente exclusivos de esta actividad. En este sentido, apunta que la “congestión, ruidos, o consumo de recursos medioambientales” son consustanciales al conjunto de la actividad turística.
Por otro lado, el informe incluye un extenso listado de los “efectos positivos” del crecimiento de las viviendas turísticas y de las plataformas digitales de intermediación que “han facilitado la entrada en el mercado de alojamientos turísticos de viviendas de usuarios particulares”. Asegura que han mejorado los precios, variedad, calidad, flexibilidad y la innovación en los alojamientos turísticos debido al incremento de la cantidad y variedad de la oferta, además de favorecer “la generación de rentas a favor de particulares, permitiéndoles beneficiarse de los ingresos del incremento del turismo”.
En su defensa de la proliferación del alquiler vacacional, la CNMC afirma que contribuye a “recuperar barrios tradicionalmente degradados” y a “la modernización de barrios del centro de las ciudades por la adecuación y mantenimiento de las viviendas para poder ser ofertadas para uso turístico”. Esta es, precisamente una de las críticas habituales de los vecinos, que sostienen que esta actividad está contribuyendo a expulsar de las calles del centro de las ciudades a los vecinos para ‘sustituirlos’ por turistas.
Tras todo ello, el organismo supervisor reclama eliminar restricciones “especialmente graves” en la regulación de las viviendas turísticas, entre las que incluye la prohibición de licencias para viviendas turísticas, la aplicación de moratorias y zonificación de ciudades, el establecimiento de cupos por zonas, la prohibición de alquilar habitaciones, la limitación de la duración de la estancia, el establecimiento de tamaños mínimos o la regulación de los precios de los alquileres.
También exige evitar requisitos y obligaciones que suponen “carga para los titulares de viviendas, que desincentiva su participación en el mercado e incrementa los costes para los usuarios”. En este caso, se refiere a las exigencias de equipamiento y servicios mínimos, como climatización, wifi, asistencia telefónica o placas distintivas, a los régimenes de autorización previa o la exigiencia de comunicación de precios a la Administración, “salvo que resulten indispensables y proporcionados para proteger una razón imperiosa de interés general”.
Por último, pide revisar la regulación actual de las viviendas turísticas “para asegurar que sea necesaria y proporcionada” y reducir la actual heterogeneidad de la normativa, de acuerdo con los principios de regulación económica eficiente.
