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Denuncia conjunta de familiares en una residencia del empresario de 'los semáforos' Ulibarri

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En una nueva ofensiva contra la situación de los internos, demandan ante la Comunidad de Madrid que la empresa Aralia, con más de 30 residencias, inclumple el contrato público.

domingo 15 de julio de 2018, 09:00h
Los familiares de internos de la residencia pública de mayores de Peñuelas, en Madrid, se han unido en una nueva ofensiva para tratar de mejorar sus condiciones: denunciarán conjuntamente a la empresa que gestiona el centro dependiente de la Comunicad de Madrid por incumplimiento de contrato.

Han comparado la realidad que observan en el centro con los pliegos del contrato por los que la empresa Aralia ganó la gestión de la residencia, y denuncian desde falta de personal “a todas luces deficitarias”, fallos de mantenimiento en elementos tan básicos como enchufes o cisternas hasta confusión y descuido en la limpieza y orden de los enseres de los residentes.

En una demanda conjunta que presentarán este lunes ante la Comunidad de Madrid a la que ha tenido acceso este medio, denuncian que hay una o dos personas en la sala en la que se encuentra la mayoría de residentes durante el día, así como largas esperas frente a los baños cada mañana: “Los residentes (sobre todo los que tienen movilidad reducida y van en silla de ruedas), a las 10,30 de la mañana ya se disponen frente a la puerta de acceso a los baños, donde empiezan a ser atendidos a las 11,00 u 11,30 horas, que es cuando las auxiliares terminan de sacar a todos del comedor”, relatan.

Aralia es una de las empresas de José Luis Ulibarri, magnate de los meddios de comunicación imputado en la Gürtel y actualmente en prisión preventiva tras la reciente operación policial contra la llamada “trama de los semáforos”, una red de licitaciones fraudulentas en aplicaciones para la gestión de tráfico y radares entre ayuntamientos de toda España y una filial de Sacyr.

Es una de las empresas rastreadas por los agentes en la ‘operación Enredadera’, una compañía de servicios sociosanitarios que gestiona más de 30 residencias en Castilla y León, Madrid y La Mancha, entre otras regiones.

Desde el centro de Peñuelas la dirección se ha negado a hacer declaraciones a este medio.

Recientemente, una de las familiares afectadas explicaba a ELBOLETIN que uno de los principales problemas de la residencia en verano es la falta de aire acondicionado, que no existe en las habitaciones de los internos, denunciando temperaturas de casi 30 grados antes de las 11:00 horas de la mañana.

Por su parte, la Comunidad de Madrid se limita a informar de que ha hecho “varias inspecciones en ese centro”, que actualmente se tramita una propuesta sancionadora de la que el director del centro dice no tener noticia y que “ya se le impuso una sanción en 2016 y una penalidad en 2013”. La Consejería de Asuntos Sociales no aporta más información sobre el porqué de las sanciones ni de la actual multa que dice estar tramitando, y tampoco responde sobre si se plantea anular la adjudicación.

No es la primera vez que esta residencia y otras de la empresa de Ulibarri son noticia. Aralia ha ganado muchos de los contratos públicos por presentar ofertas a la baja respecto a otras empresas, y ya en 2015 otra denuncia de familiares de Peñuelas destapó que el centro funcionaba sin licencia y bajo expedientes de cierre ordenados que nunca se cumplieron.

Tras el estallido de la operación Enredadera y la detención de Ulibarri, Podemos en Castilla y León ha pedido que se retiren de los concursos públicos al magnate, que se hizo fuerte a la sombra del PP en la región. También en Leganés, la formación Leganemos ha emitido un comunicado para exigir la retirada de la gestión de otro centro de mayores a la empresa del supuesto cabecilla de la red de amaños en ayuntamientos de todo el país.

Lista de incumplimientos

Mientras, en la denuncia de los familiares también consta que, “en el modelo de gestión del centro punto se indica que se comunicará a los familiares al menos trimestralmente la evolución de los residentes basándose en el trabajo y los informes elaborados por el Equipo Interdisciplinar. Esto se incumple completamente”.

También figura en los pliegos la obligación de la empresa de implementar un sistema para evaluar la satisfacción de los usuarios y familiares: “Hasta el momento no tenemos ninguna constancia de que esto exista”, se lee en la demanda.

“A pesar de que nos dicen que se cumplen los ratios de personal se aprecia que no dan abasto, trabajan contrarreloj y esto se evidencia en el descuido en el vestuario de los residentes, la confusión en la distribución de las prendas de vestir, la falta de limpieza de muchas zonas (interior de armarios, mesillas, estanterías de baños, escaleras, terrazas...) y un largo etcétera”, lamentan los familiares.

Entre las incidencias figura la gestión sistemática de la residencia y una farmacia que los deunciantes tachan de ilegal: el establecimiento retiene de manera permanente las tarjetas sanitarias de los mayores, en lugar de acceder a ellas sólo cuando se necesite fichar por una receta electrónica.

“Es claramente ilegal el que la farmacia retenga la tarjeta sanitaria que debe estar en el lugar donde está su titular, ya que si ocurre cualquier percance (caída, situación en la que tengan que acudir a urgencias) es necesaria su utilización”. Critican además que de esta manera los residentes dejan la custodia de este documento oficial a la residencia y que el centro “no puede disponer de ello como le convenga”.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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