España tendría 7 millones de pisos públicos si no hubiese vendido la mayoría de su parque social

España tendría 7 millones de pisos públicos si no hubiese vendido la mayoría de su parque social

El parque de vivienda protegida sería 25 veces mayor y equivaldría al 40% de las primeras residencias del país. Actualmente hay menos de 300.000 inmuebles públicos.

Vivienda en constuccion

Pisos en Construcción

El nuevo equipo de Fomento, dirigido por el ministro José Luis Ábalos, ha hecho suyo el Plan de Vivienda 2018-21 que lleva la firma de su antecesor, Íñigo de la Serna. El socialista esgrimió que lo hace con la aprobación de las comunidades autónomas, competentes en la materia, y apostando por la vivienda como “prioridad”.

Sin embargo, se trata de la primera hoja de ruta estatal que propugna la “desaparición de la vivienda protegida” en España: es la principal conclusión del estudio que la economista, ex secretaria de Vivienda con el tripartito catalán y actual presidenta del Observatorio de Vivienda de Barcelona, Carme Trilla, y el arquitecto Jordi Bosch han realizado para la Fundación Alternativas y Fundipax.

Su análisis del sistema español de vivienda social es funesto: el gasto público en política de vivienda ha caído desde el récord de 1.400 millones de euros anuales de 2009 hasta menos de 600 millones en 2016. Pero el nivel de inversión actual no sólo pierde respecto a la etapa de bonanza previa al estallido, sino que cae hasta niveles de principios de los 90.

En general, el peso de la vivienda protegida sobre el parque nuevo de residencias principales cae hasta las cifras de los años 40 y 50 del siglo pasado, como se observa en este gráfico:

Actualmente, la construcción de nuevas viviendas protegidas se sitúa en mínimos históricos. “Tras la aprobación del Plan Estatal 2018-2021 esta residualización del sistema de vivienda social español será completa, puesto que la única vivienda social que se prevé es aquella que ofrezcan voluntariamente las entidades de crédito a hogares desahuciados y en situación de vulnerabilidad”, apunta el informe.

En efecto, el plan que aprobó el PP contempla líneas de ayudas a inquilinos y grupos con mayor dificultad de acceso a la vivienda como jóvenes y mayores de 65. También oferta inyecciones públicas para promotores de pisos destinados al alquiler según renta. Contempla un total de 1.443 millones para cuatro años, unos 360 millones anuales. Esa partida supone un 40% menos de la inversión anual de 2016.

“El nuevo Plan, al igual que el anterior, también persigue fomentar la rehabilitación, regeneración y renovación de zonas urbanas, y facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con dificultades económicas, pero introduce cambios significativos que merecen especial atención”, valora el estudio, que destaca como el más importante “la desaparición de la vivienda protegida”.

“Ninguno de los dos borradores ni la versión finalmente aprobada prevén medidas de fomento para su construcción u obtención mediante actuaciones de rehabilitación”, lamentan los autores, que ven en el proyecto “un cambio histórico con todos los planes estatales aprobados hasta la fecha”.

A voluntad de promotores privados

Las actuaciones del Plan son, en su mayoría, ayudas directas a las personas, y en el plano de vivienda protegida, se basa en la “colaboración público- privada”: “Una de las pocas medidas que no se circunscribe al apoyo económico directo de los hogares es la constitución de los Fondos de Viviendas para alquiler social», que plantea (en el marco de la ayuda a personas en riesgo de desahucio) «la colaboración público-privada con la constitución por parte de las entidades de crédito como propietarias de viviendas disponibles”.

Dada la magnitud de la crisis del acceso a la vivienda, que los autores cifran en una lista de solicitantes de vivienda social de 400.000 personas en todo el país, valoran negativamente que estos fondos para una función social se vehiculen mediante medidas no solo privadas sino de “naturaleza voluntaria”.

La privatización del beneficio

En un breve repaso histórico de las políticas de vivienda en España, el estudio cuestiona la sostenibilidad de un modelo que se ha basado en la “protección oficial de promoción privada”. Considera que ese desembolso de dinero público no solo debería haberse destinado a promover vivienda accesible, sino que debería haber quedado después bajo control de la Administración, tanto en la transmisión de viviendas como en su precio.

Los autores constatan que, desde mediados del siglo XX hasta el estallido de la crisis en 2008, “la política de vivienda española se ha basado en la vivienda protegida de compraventa, impulsada sobre todo mediante un amplio sistema de ayudas a su construcción, y también con ayudas directas al comprador como desgravaciones fiscales, subsidiación de intereses o ayudas a la entrada”.

Según datos del Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Fomento, entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas protegidas en alguna de sus diferentes modalidades, lo que, sobre un parque residencial de 25,5 millones de unidades (datos del Ministerio de Fomento para el año 2016), se concluye que un 26,6% del total de las viviendas de España ha sido construido con apoyo público (y muy previsiblemente asciende hasta el 33%- 35% si únicamente nos referimos a las viviendas principales, es decir, aquellas habitadas de forma permanente).

Es decir, los autores calculan que si todas las viviendas protegidas en España hubieran permanecido bajo control público a largo plazo «hoy gozaríamos de un parque protegido de cerca de 7 millones de viviendas«, lo que supone casi el 40% del parque actual de inmuebles principales. La realidad hoy es bien distinta: aunque no hay datos exactos, la mayoría de estudios estiman que el parque social representa entre el 1% y el 2,5% del total de viviendas principales.

Una de las evaluaciones más precisas es la realizada por Amnistía Internacional a partir de los datos compilados por el Defensor del Pueblo en (2013), según la cual habría en España unas 276.000 viviendas sociales, lo que supone tan solo un 1,5% del parque de viviendas principales, «uno de los porcentajes más bajos de toda Europa» y 25 veces menos de lo que se calcula que se ha construido con dinero público:

Pero más allá de las dimensiones de un hipotético parque público que en España hoy es residual respecto a buena parte de Europa, este modelo tiene otra gran consecuencia: quién recoge los beneficios inmediatos que supone la vivienda protegida “en un contexto de mercado de precios tan elevados como los actuales”.

Los autores recuerdan que “nunca en la historia de los últimos cincuenta años se había producido tanta divergencia entre el precio de mercado y el de la vivienda protegida como el que se produjo durante la burbuja inmobiliaria 1997-2007”. Y ello ha supuesto la consideración de la vivienda protegida como “un bien de altísima cotización” ante la expectativa de su posible revalorización cuando agotase el periodo de calificación como vivienda protegida y pasase al mercado libre. “Como apuntaba, de forma extremadamente gráfica Gaviria (2003), la revalorización de la vivienda ha sido como el gordo de la lotería que cae bien repartido: el problema es para los que no pudieron comprar a tiempo”, citan los autores.

“Hacen falta mecanismos decididos de control de las adjudicaciones de las viviendas y de la propiedad posterior que permitan una dilación suficiente en el tiempo de la generación efectiva de plusvalías”, pide el informe, porque “el gasto público que lleva incorporado cada vivienda protegida debería considerarse patrimonio colectivo y, bajo esta óptica, la vivienda protegida no debería perder nunca su condición, cambiando de manos a través de un control público que asegurara que sus usuarios fueran siempre personas con ingresos bajos que buscan exclusivamente el “servicio vivienda” y no la vivienda como activo”.

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