El Senado ha sacado adelante la Proposición de Ley en relación a la ocupación ilegal de viviendas gracias a los votos del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y PDECAT. La propuesta de ley, que en 20 días será oficial, acelera los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente.
Populares y nacionalistas se han unido en una propuesta que ha contado con el rechazo del PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social podrán pedir “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”, afirma la propuesta, que para algunos colectivos, deja en el aire la situación de las personas que se encuentren en emergencia habitacional.
En definitiva, “bancos y lo que haga falta” podrán beneficiarse de esta medida, aseguró en su momento Lucía Martín, portavoz de En Comú en la Comisión dedicada a esta propuesta de ley.
La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró respondió a Martín asegurando que la proposición en relación a la ocupación ilegal de inmuebles deja fuera a las entidades financieras y a los fondos ‘buitre’ propietarios de inmuebles vacíos.
“El problema en este país no es tanto la ocupación como el acaparamiento de vivienda social por parte de los fondos buitre”, explicó en su momento Mayoral, que destaca que en España existen “83.000 hogares en emergencia habitacional […] la respuesta de esta cámara es amenazar con la violencia (desalojos forzosos) a los más vulnerables”.
El PDECAT, como PP y PNV, asegura que es una propuesta que vela por el “Derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna”.
