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La Comunidad de Madrid mantendrá la privatización de los análisis clínicos

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La Comunidad de Madrid adelanta que sacará un nuevo concurso para encargarse de las pruebas analíticas de los seis hospitales privatizados.

martes 15 de mayo de 2018, 06:00h

Cuando queda apenas un año para las elecciones autonómicas, la Comunidad de Madrid dejará atada una de las privatizaciones más polémicas de la última década en la sanidad pública. El Gobierno madrileño ha avanzado los planes que se tienen con la gestión de los análisis clínicos de los seis ‘hospitales de Aguirre’: seguirán en manos privadas, tal y como diseñó el antiguo consejero de Sanidad Juan José Güemes.

La Comunidad de Madrid, en una respuesta parlamentaria al PSOE recientemente publicada, ha adelantado que mantendrá la privatización ahora que se acaba el contrato que adjudicó el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2009 a BR Salud (actualmente Unilabs más Ribera Salud) por 124 millones para ocho años -con opción a dos más, como sucedió-. De esta manera, se abre un nuevo episodio en torno al Laboratorio Clínico Central.

“Se considera que lo más aconsejable para cubrir las necesidades técnico-asistenciales actuales con el mayor nivel de calidad así como los potenciales incrementos de demanda, sea la formalización de una nueva Contratación de la Gestión por Concesión, para que puedan seguir siendo atendidos en el recurso que resulte adjudicado a través del procedimiento ya indicado”, ha asegurado el Gobierno madrileño.

No hay ninguna razón para que este servicio esté externalizado

Por el momento, el PSOE, a través de su portavoz sanitario, José Manuel Freire, apunta a EL BOLETÍN que instarán a la Comunidad de Madrid “a que no saquen el concurso”. “Es un servicio nuclear para la atención sanitaria y el sistema público tiene capacidad para realizarlo”, insiste el socialista. Mónica García, portavoz de Sanidad de Podemos, tras oponerse a esta externalización, también lamenta que “se haya perdido la oportunidad” de recuperar el servicio con estos planes anunciados.

A lo largo de toda la legislatura, mucho se ha discutido sobre la eficacia y la calidad de esta privatización. Las quejas de los profesionales tampoco han pasado desapercibidas. No obstante, la Comunidad de Madrid, en su contestación, ha afirmado que, en todo momento, se ha garantizado “el principio de igualdad efectiva en el acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, bajo una actividad prestacional de calidad, individual y personalizada”.

Pese a ello, la oposición coincide en que las conclusiones son difíciles de extraer después de ver la falta de transparencia por parte del Ejecutivo madrileño. “Se ha externalizado sin base científica”, dice García; “no hay ninguna razón para que esté externalizado”, completa Freire. La Comunidad de Madrid recalca que el Hospital Infanta Sofía (que, pese a ser público, está gestionado por una empresa privada) ha mantenido durante los diez años de privatización “un intenso control”.

Las dudas sobre la eficacia de la privatización

Aun así, los partes de incidencias a los que tuvo acceso la Cadena SER no terminaron de coincidir. Las primeras reacciones a la externalización no tardaron en aparecer. Los médicos de los hospitales públicos Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo empezaron a sufrir problemas como retrasos en las pruebas o pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado.

¿Cómo se van a agilizar los tiempos de respuesta si pinchan a alguien en el hospital de Arganda y la muestra tiene que viajar 60 kilómetros hasta el del Norte?, se preguntaron los profesionales al conocer la privatización

“Los retrasos injustificados tienen consecuencias muy graves”, llegaron a denunciar los médicos en sus escritos de denuncia. El pasado mes de octubre, el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, César Pascual, volvió a halagar en la Asamblea de Madrid la privatización destacando que se trata de un laboratorio central “eficaz” y que “está cumpliendo todas las condiciones establecidas en los pliegos”.

Al poco de conocerse las intenciones de Güemes, los sindicatos, Marea Blanca y la Asociación de Profesionales de Laboratorio Públicos se unieron contra la privatización. Y una pregunta rondó la cabeza de estos últimos: “¿Cómo se van a agilizar los tiempos de respuesta si pinchan a alguien en el hospital de Arganda y la muestra tiene que viajar 60 kilómetros hasta el del Norte?”.

Por su parte, PSOE, Podemos y Ciudadanos vienen cargando contra la opacidad de esta externalización, así como contra la falta de control por parte de la Comunidad de Madrid y las dudas por la eficacia. La formación morada sacó incluso partidas presupuestarias que deberían correr a cargo de BR Salud, pero que “fueron pagados por el hospital” como fueron los 1,2 millones de agua y electricidad.

Güemes fichó por la empresa que se encarga de la privatización

Pese a ello, el punto más polémico de este Laboratorio Clínico Central llegó en 2013 cuando se conoció un cambio de sillas cuanto menos curioso. Todo comenzó en 2012 cuando Unilabs compró por cinco millones a Balagué Center y AMS –presentes en la UTE ganadora junto a Ribera Salud- su participación en este contrato. La compañía hizo el movimiento con un personaje reconocido para los madrileños en su consejo de administración: Juan José Güemes. Cuando la noticia saltó a los medios, ya un año después de su fichaje, dimitió de la empresa.

Ahora la Comunidad de Madrid ratifica la acción que llevó a cabo el Ejecutivo de Aguirre anunciando que la gestión de las pruebas analíticas de estos seis nuevos hospitales seguirá siendo privada. Pascual ya avanzó, cuando se prorrogó ese concurso, estas intenciones: “La voluntad de la Consejería, si sigue por esta misma línea, es seguir con este tipo de contrato para este laboratorio”. Y así será.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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