El pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves al decreto que eleva a rango de ley la normativa que limita la concesión del licencias para el alquiler de vehículos con conductor (VTC), utilizadas por servicios como Uber y Cabify. El Consejo de Ministros había aprobado el documento para blindar las restricciones que protegen al gremio del taxi antes que el Tribunal Supremo dictaminara si debían anularse.
La normativa fija una proporción de 30 licencias de taxi por cada una de VTC, así como la habitualidad de los servicios, que obliga a estas últimas a prestar al menos el 80% de sus servicios en la Comunidad Autónoma que les dio la concesión. Con la aprobación del decreto, estas disposiciones, recogidas en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) de 2015, adquieren rango de ley.
Precisamente, estas normas estaban siendo estudiadas por el Supremo, que debería decidir sobre su posible nulidad tras una vista en la que se vieron las caras el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo de Competencia recurrió una normativa para regular las licencias VTC aprobada en 2015.
El decreto ley ha sido respaldado por PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ciudadanos y Foro Asturias han optado por abstenerse, mientras que EH-Bildu ha votado en contra.
Según el Gobierno, este real decreto pretende “abordar la situación de conflicto existente ante el incremento exponencial de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor y el sector del taxi, garantizando un adecuado equilibrio entre la oferta ambos servicios”. Durante su defensa ante el Pleno del Congreso, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha argumentado que permite “dotar de mayor seguridad jurídica” a la proporción entre licencias de taxi y VTC y “garantizar una convivencia ordenada y armónica”.
