“El debate recientemente abierto sobre la adecuación de la respuesta legal y judicial ante delitos con una clara significación patriarcal, así como la intensidad y firmeza con la que amplios sectores sociales reclaman una revisión de nuestro sistema de justicia nos obliga a una reflexión serena y profunda”. Así comienza el manifiesto que hoy publica la Asociación de Mujeres Juezas de España, a raíz del caso de ‘La Manada’.
Sus integrantes critican que la cualquier actuación de los poderes públicos que “pretenda simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente formal y aparente no hace sino profundizar en la brecha que ya existe” porque “la desigualdad y discriminación de la mujer no es una anécdota que requiera de meras correcciones, es sistémica, general y estructural”.
“Prueba de ello es que cuando desde Justicia se encarga a la Comisión General de Codificación el estudio de la regulación de los delitos contra la libertad sexual nos encontramos con que son veinte varones los destinatarios de tal tarea. Ninguna mujer”.
Sobre ese hecho, recientemente publicado en ELBOLETIN, las juezas critican que el órgano haya querido enmendar la situación “invitando a seis mujeres expertas a colaborar con el estudio de forma excepcional”.
“Las mujeres no somos invitadas de la historia sino protagonistas de la misma y es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad y ninguna tarea debe encomendársele hasta que no se produzcan cambios fundamentales en su organización y estructura que incluyan la presencia igualitaria de hombres y mujeres en todos su órganos de forma permanente”, recriminan al Ministerio de Justicia.
Rechazan “operaciones de mero maquillaje o invitación a quien tiene derecho a estar allí por méritos propios”: “Los cambios deben ser profundos y abordarse desde la raíz, pues el problema al que nos enfrentamos está profundamente enraizado en nuestra sociedad”.
Por ello piden afrontar cambios en la instrucción de los operadores jurídicos “que incluyan la igualdad y perspectiva de género como principio básico de nuestra actividad y que deberá estar presente durante toda nuestra trayectoria profesional mediante una formación obligatoria, continua y desde una orientación transversal y multidisciplinar”.
Exigen abordar una reforma del Código Penal que regule los delitos contra la libertad sexual, como ha propuesto el Gobierno a raíz de la sentencia de ‘La Manada’, pero “con conciencia de su significación patriarcal y acorde con el sentir social, de forma que una violación sea reconocida, legalmente también, como una violación”.
Las Juezas mujeres no se olvidan de la protección a la víctima, para la que piden medidas eficaces de protección. En múltiples webs se han publicado nombre, datos personales, fotos y vídeos de la víctima de los cinco condenados por abuso sexual en los sanfermines de 2016.
“La filtración de los datos personales de quien ha sufrido un delito de enorme gravedad y tras él a un duro proceso penal resulta intolerable y nos obliga a analizar que ha fallado y que mecanismos deben ser modificados para evitar que esto pueda ocurrir en el futuro”.
“Se trata de una cuestión esencial pues si no somos capaces de contener los daños que con ocasión del proceso se causa a las víctimas este deja de tener sentido y ningún orden, bien jurídico ni Justicia puede ser restaurada”, condenan.
Peticiones
Desde la Asociación de Mujeres de Juezas de España resumen sus tres peticiones:
1º. Exigimos la composición paritaria de todos los organismos e instituciones, y especialmente aquellos que tienen que ver con las reformas legislativas en nuestro país, de acuerdo con la obligación prevista en los artículos 54 y 16 de la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.
2º. La formación con perspectiva de género transversal y multidisciplinar , obligatoria y continua debe ser impartida a todos los operadores jurídicos (fuerzas y cuerpos de seguridad, judicatura, fiscalía, abogacía y medicina forense) , especialmente de aquellas personas que se relacionan con delitos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual. Y ello en cumplimiento del Convenio de Estambul de 2011, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la resolución de la CEDAW
3º. Cumplimiento integral del Estatuto de la Víctima, evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad.
