El mismo año en que la Constitución cumple 40, el 1 de mayo es buen momento de hacer valer su artículo 35: “El deber de trabajar y el derecho al trabajo«, con «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Así lo reivindica el Consejo de la Juventud de España (CJE), que contrapone ese mandato constitucional con la realidad: aún hay un 36,3% de paro juvenil. De los 3,76 millones de parados en nuestro país, el 14,8% son jóvenes menores de 25 años.
“Si algo caracteriza el empleo joven, es la precariedad, provocada fundamentalmente por la temporalidad, la parcialidad y los salarios insuficientes”, denuncia el CJE, que llama a los y las jóvenes a tomar la calle en la manifestación en este primero de mayo para reivindicar su “derecho al trabajo digno”.
“Las condiciones laborales de este colectivo quedan perfectamente reflejadas en los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España: solo un 7,6% de los contratos formalizados en el primer semestre de 2017 entre la población menor de 30 tuvo carácter indefinido, lo que significa que el 92,4% fueron de carácter temporal”.
Denuncian que el 16,9% de los jóvenes trabajan menos de 10 horas a la semana y un 17,9% están subocupados. Asimismo, un 47,7% desempeña un puesto de trabajo de inferior cualificación a la formación que posee. “Y por último, hablamos de un salario medio de 10.780€ netos anuales. Todos estos datos nos llevan a que un 37,6% de la población menor de 30 años en nuestro país se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social”.
En palabras de Víctor Reloba, vicepresidente y responsable del Área Socioeconómica del CJE, «estas cifras, lejos de hablar de recuperación económica, deberían avergonzar a cualquier dirigente de un país desarrollado y democrático».
Por ello, para combatir la pobreza y la precariedad, este organismo reclama la subida del Salario Mínimo Interprofesional, en cumplimiento de la Carta Social Europea, hasta los 1.000 euros en este año; la inspección y penalización de la temporalidad y la precariedad en los contratos de trabajo, recuperando el principio de presunción de indefinición del contrato, tal y como recoge el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores; un mayor control del buen uso de las becas y prácticas curriculares y la laboralización de las extracurriculares; y la recuperación y garantía de los derechos laborales.
Reloba asegura que «urge derogar las dos últimas reformas laborales para poner fin a la precarización del mundo del trabajo porque esta situación es insostenible no solo porque niega la posibilidad de una vida digna a nuestra generación sino porque pone en peligro la sostenibilidad del Estado de Bienestar y de nuestro sistema de pensiones».
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el CJE hace un llamamiento a los y las jóvenes a participar en las manifestaciones convocadas en las diferentes ciudades españolas “para denunciar su precaria situación laboral y para exigir políticas eficaces que garanticen un empleo de calidad y con derechos, tal y como recogen la Constitución española, el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos”.
