Durante las últimas semanas, tres de las principales figuras del partido demócrata estadounidense se han manifestado en favor del trabajo garantizado, una propuesta de política económica asociada con las teorías postkeynesianas por la que el Gobierno se comprometería a ofrecer un empleo a todo aquel que lo desee.
Kirsten Gillibrand, senadora por Nueva York, fue la primera en lanzar la idea durante el pasado mes de marzo, seguida por su homólogo por Nueva Jersey, Cory Booker, quien hace algo más de una semana apoyó la idea e incluso presentó un programa piloto que partiría de probar la idea en 15 áreas rurales y urbanas durante tres años.
Por último, quien fue candidato a las primarias demócratas de cara a las presidenciales de 2016, y también senador por Vermont, Bernie Sanders, ha indicado hace unos días que se está preparando para presentar su propio plan. Una iniciativa que, según ha transcendido, se basaría en garantizar un salario de 15 dólares por hora y cobertura sanitaria a cada trabajador en sectores como infraestructuras, educación, cuidados o mejora del medio ambiente.
El hecho de que estas tres figuras tengan además aspiraciones presidenciales de cara a 2020 y que, de hecho, se rumoree que serán candidatos en dichas primarias demócratas supone también que el partido del centroizquierda estadounidense está virando hacia posiciones políticas y programáticas en favor de un mayor intervencionismo gubernamental; en gran medida, una ruptura con el rumbo de las últimas décadas.
La propia Gillibrand apuntó a The Nation que «después de décadas en las que los intereses corporativos han controlado la agenda de Washington D.C.»; su propuesta partía de la necesidad de «regresar a una economía que premie a los trabajadores, no sólo a los accionistas y a los grandes directivos». Una retórica y una dinámica a la que se han ido sumando candidatos a las legislativas de este año como Alexandria Ocasio-Cortez quien, también desde el estado de Nueva York, aspira a llegar al Congreso.
Y es que en el estado de la Gran Manzana la idea comienza a ser hegemónica contando con manifestaciones de apoyo incluso en lugares, a priori, tan poco propicios para este tipo de iniciativas como las páginas de Bloomberg donde su columnista Noah Smith ha señalado que considera que el trabajo garantizado podría ser la iniciativa que generase el inicio de una dinámica positiva para el conjunto de la economía.
Al igual que sucede en el ámbito de los ‘think tanks’ vinculados a las posiciones progresistas en el país norteamericano como el Center on Budget and Policy Priorities o el Center for American Progress que han publicado documentos con sus propias propuestas y en las que, en el caso de éste último, hablan de un nuevo «Plan Marshall» o en el del primero, de impulsar la medida a través de un banco nacional de infraestructuras.
O más recientemente el Levy Institute of Bard College, que hace semanas publicó un informe que estaría en sintonía con las líneas maestras avanzadas por Sanders para su inminente propuesta. No en vano, como han señalado analistas estadounidenses como el científico de datos Colin McAuliffe, al margen de sus consecuencias económicas, la propuesta del trabajo garantizado sería también un activo electoral para los demócratas.
Su principal mérito sería su capacidad de apelar precisamente al tipo de votantes que el partido del burro ha tenido dificultades para movilizar en los últimos años; especialmente, en las presidenciales de 2016 con la dramática derrota de Hillary Clinton frente a Donald Trump pese a superar a éste en casi tres millones de votos por las mínimas diferencias que el neoyorquino consiguió en Michigan, Wisconsin y Pensilvania arrebatándole a la ex secretaria de Estado los decisivos votos que estos tres estados suponen en el Colegio Electoral.
Es decir, la propuesta del trabajo garantizado apelaría directamente a los votantes de menores ingresos a los que no están llegando los beneficios del crecimiento económico que ha sucedido a la brutal recesión originada por la crisis financiera. Además, esta movilización se produciría a través de una nueva polarización en el electorado que superaría las diferencias de raza en favor de un perfil de clase.
De esta forma, al tratarse de una propuesta que beneficiaría tanto a los trabajadores latinos y afroamericanos por tener una mayor participación laboral en sectores de bajos ingresos o estar más afectados por el desempleo, como a los votantes blancos afectados por la desindustrialización; el partido demócrata vería favorecidas sus posibilidades de rearmar las coaliciones electorales que históricamente le han llevado a la victoria.
Todo ello con un plan que además estaría en sintonía con las concepciones e ideas tradicionales del país norteamericano respecto al trabajo. Y es que ya en 1944, en el debate del Estado de la Unión Franklin Roosevelt habló de establecer «el derecho a un trabajo útil y remunerado en industrias, tiendas, granjas o minas del país».
