La Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, ha denunciado este jueves ante la Fiscalía General del Estado las “múltiples irregularidades” cometidas en la gestión de la Ciudad de la Justicia el malogrado proyecto estrella de Esperanza Aguirre.
Según informa El Mundo la decisión se debe a que un dictamen de la Abogacía General encargado por el Gobierno de Cristina Cifuentes sobre el desarrollo del proyecto diseñado por Esperanza Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales ha detectado que se incumplieron de forma “sistemática” las “normas más esenciales” de contratación pública y contabilidad.
Ésta es la conclusión a la que han llegado los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico a partir de un informe elaborado previamente por la Cámara de Cuentas. En él, el organismo apunta al “posible menoscabo” ocasionado a las arcas regionales por «el perjuicio patrimonial» que se produjo y que “ni tan siquiera son susceptibles de cuantificar”.
Entre las anomalías detectadas de las que la Comunidad ha dado traslado ahora a la Fiscalía figuran «la preponderancia de criterios discrecionales» en la adjudicación de contratos y «la aplicación de fundamentos desiguales en la valoración de las ofertas». «Incluso se aprecia la existencia de conflictos de intereses, arrojando situaciones de mera apariencia formal de legalidad no compatibles con el desarrollo real de los procesos de contratación», señala el escrito registrado este jueves en la Fiscalía al que dice haber tenido acceso El Mundo.
Asimismo, se apunta a una “desconexión” entre la actividad de la empresa pública que gestionó la Ciudad de la Justicia desde su creación en 2005 hasta su extinción en 2015 y su volumen de directivos. Según la Cámara de Cuentas, la plantilla la formaron siete jefes y sólo tres administrativos que, de media, llegaron a cobrar 5.000 euros al mes.
Los abogados del Gobierno de la Puerta del Sol también señalan como irregular “la ausencia de documentos contractuales que justifiquen las relaciones de trabajo y cobro”. Otras cuestiones que se mencionan por si fueran constitutivas de delito son la «omisión de informes preceptivos” en operaciones de gestión de activos y «la extemporaneidad en la aportación de las cuentas”.
“Singularmente, las anomalías detectadas apuntan a un incumplimiento sistemático de los principios y normas más esenciales de la contratación pública y de la llevanza de la contabilidad, suponiendo un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil», subrayan los servicios jurídicos de la Comunidad. Por ello, apostillan, estos hechos “han de ser puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal” en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Cámara de Cuentas señala en su informe que en las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia -adjudicadas a una UTE compuesta por OHL y Acciona- se invirtieron al menos 80 millones de euros. Una cuarta parte de dicho presupuesto fue a parar al Instituto de Medicina Legal, el único edificio que se construyó, con forma de ‘donuts’, que ha quedado como símbolo del fracasado proyecto.
Entre los gastos que se incurrieron en este desarrollo iniciado por Aguirre, mantenido por su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y enterrado definitivamente por una sentencia el año pasado, destacan los 19 millones de euros invertidos en dos inmuebles ‘fantasma’. Éstos son los costes generados entre 2006 y 2010 por las futuras nuevas sedes del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial, cuyo diseño fue encargado al arquitecto Norman Foster, y que, a día de hoy, siguen «sin tener una sola piedra colocada», según el organismo que supervisa el gasto público.
