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La batalla del alquiler subleva a los inquilinos y pone en guardia al lobby del ladrillo

Grúas de obra
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Los aumentos de las rentas sitúan a las socimis en el centro del debate entre la vivienda como derecho o como negocio.

miércoles 11 de abril de 2018, 07:00h
Hay un nuevo término clave para el derecho a la vivienda y el negocio inmobiliario en España y al menos dos sectores pugnan por dotar de significado al significante, -que dirían en Podemos-. ¿Se habla suficiente de las socimis?

Con apenas dos semanas de diferencia, ambos bloques se han conjurado en Madrid: la mayor plataforma de inmobiliarias cotizadas europeas aprovechó unas jornadas en la capital para controlar la fama de su producto en auge en España, las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). En las mismas calles, sindicatos de inquilinos son cada vez más visibles políticamente en el rechazo de este tipo de instrumentos sobre un bien que reivindican como derecho antes que generador de lucro.

Dos plataformas de arrendatarios de Madrid y Barcelona (Sindicat de Llogaters y Sindicato de Inquilinas) se reúnen desde ayer con Ciudadanos, ERC, PSOE, Unidos Podemos, Bildu y Compromís -a falta de que el PP halle nuevo hueco para la reunión que anuló y del encuentro con PDeCat en Barcelona- para trasladar al legislativo “las demandas del movimiento inquilino”.

Muchas de ellas presentes en la raíz de la recién constituida Plataforma Contra los Fondos Buitre: la integran 13 organizaciones y al menos ocho están directamente enfocadas a frenar “las operaciones especulativas” sobre la vivienda.

Denuncian las consecuencias sociales del desembarco de estas multinacionales financieras (fondos de capital riesgo) sobre el acceso a la vivienda: “Los fondos buitre compran masivamente viviendas públicas y privadas, incluyendo viviendas protegidas, para después incrementar los alquileres forzando la salida de muchos arrendatarios a través de desahucio, lo que les permite aumentar la rentabilidad de su inversión, logrando beneficios millonarios con alquileres aún más altos o la venta de las viviendas”.

Consideran que “ejercen además un efecto pernicioso sobre el mercado de arrendamiento contribuyendo al alza generalizada del precio de los alquileres”. Sobre las socimis, son "sociedades de inversión para especular en Bolsa con el mercado del alquiler, que echan a los inquilinos de las viviendas que han adquirido o les aumentan el alquiler abusivamente”.

Apuntan a una de las claves de la existencia de este tipo de sociedades, cuyo negocio en España está en plena efervescencia: “Tienen un régimen fiscal ventajoso que les exime de pagar el impuesto de sociedades”. También recuerdan que tras muchas de ellas hay “bancos y fondos buitre”. Aunque el concepto no ha alcanzado la fama y connotaciones negativas de las SICAVS (famosas y denostadas a partes iguales en lo peor de la crisis económica española), la realidad es que el lobby inmobiliario va sintiendo la necesidad de vigilar la reputación pública del término “socimi”.

A final de marzo la asociación que engloba a la mayoría de empresas del ladrillo cotizadas de Europa, EPRA (European Public Real Estate Association), aprovechó una importante cita del sector para reivindicar las ‘bondades’ de este tipo de vehículos de negocio con inmuebles.

Las socimis europeas defendieron en la Iberian Reit Conference su rol como dinamizadoras del sector inmobiliario en la crisis, fuente de empleo y proyectos con jugosas rentabilidades: “Las socimis son una historia de éxito en España, a pesar de que están dando sus primeros pasos en comparación con la realidad ya consolidada en Europa y en EEUU”, defendía Dominique Moerenhout, CEO de EPRA, en declaraciones recogidas por el portal inmobiliario Idealista.

La sociedad que aglutina a unas 250 cotizadas del ladrillo (el 95% de ellas) asegura que el sector del “real estate” creó en 2017 más de un millón de empleos en el viejo continente a la par que incide en la regeneración de edificios y ciudades, según la misma fuente. El sector calcula que las socimis ya poseen el 5% de todo el parque inmobiliario de Europa.

La realidad es que este instrumento que comenzó a usarse en España en 2013 ha encontrado en este país uno de sus grandes filones en la UE. Los grupos de interés difunden la idea de que el éxito reside en la necesidad de revitalización del sector tras el estallido de la burbuja, aunque no ocultan las altas rentabilidades de este negocio basado en los activos en alquiler.

Según Idealista, el índice bursátil que engloba a las cinco grandes socimis de la Bolsa española ha crecido un 30% más que el homólogo europeo en los últimos cuatro años. No en vano el aumento de beneficios es la única realidad en la que sector inmobiliario e inquilinos coinciden.

Pero los sindicatos niegan que tal lucro genere riqueza en la base: denuncian que los beneficios se fugan a paraísos fiscales y eluden impuestos.

Gane quien gane por resignificar este término esencial en las actuales tensiones del mercado inmobiliario español, la pugna evidencia que queda mucho por hablar de las socimis y su influencia en el negocio inmobiliario y el derecho a la vivienda.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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