La ONU, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha ordenado suspender cautelarmente el desalojo de una familia madrileña con dos hijas menores de edad en el distrito madrileño de Villaverde.
El Comité DESC ha emitido una resolución de suspensión como medida cautelar, ordenando la paralización del desalojo programado para el pasado viernes 9 de marzo por el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid, o que en su defecto se otorgue una vivienda alternativa adecuada para la familia, compuesta por matrimonio (Ricardo y Josefa) y dos niñas de 4 y 8 años de edad, según informa en su web el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), la cooperativa de abogados que ha denunciado el caso.
CAES explica que “la familia viene ocupando una vivienda vacía propiedad del BBVA desde hace varios años y había solicitado en numerosas ocasiones una vivienda social a las Administraciones Públicas (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid), que hasta la fecha no han atendido la solicitud.
Aseguran estos abogados que dichas “Medidas Cautelares ante un desahucio sin alternativa habitacional son obligatorias para los poderes públicos y consolidan la posición de garante del Comité DESC de Naciones Unidas que el pasado mes de junio ya condenó a España por violar el Derecho a la Vivienda de un ciudadano al ser desahuciado sin alternativa habitacional en un caso de 2013.
Y aclara que la resolución del Comité DESC está en coherencia con el dictamen emitido el pasado verano, en el que ordenaba a España, entre otras cosas, que introdujera modificaciones legislativas para acabar con la indefensión de los inquilinos, corregir la descoordinación entre jueces y servicios sociales y asegurarse, antes de ejecutar un desahucio que afecte a personas sin recursos o vulnerables que se han agotado todos los recursos jurídicos y materiales para ofrecer una vivienda alternativa.
Este Comité, tal y como recuerda CAES, puede intervenir en casos de inminente violación de los Derechos Humanos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España desde 1976, entre los que se encuentra el derecho a la vivienda adecuada.
El caso ha sido defendido socialmente por la Asamblea de Vivienda del barrio de Usera, integrado en la Coordinadora de Vivienda de Madrid, y su elevación al Comité de Naciones Unidas se ha realizado por medio de los abogada/os del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto y Javier Rubio, también miembros de la Comisión Jurídica de la PAH.
