El debate sobre el sistema penal se agita con cada crimen de especial conmoción para la opinión pública. Pero los casos de Diana Quer y de Gabriel Cruz han coincidido con la agenda política: la mayoría de la oposición trata de derogar la Prisión Permanente Revisable (PPR) que el Gobierno introdujo en 2015 mientras el mismo Ejecutivo popular intenta endurecerla al calor de la rabia social por los últimos sucesos.
Ideas como que delinquir o matar “sale gratis en España”, que tenemos “una justicia muy blanda” o que la “reducción de condenas” deja a “asesinos en la calle en siete años” se amplifican exponencialmente. La alarma ciudadana, azuzada por los medios de comunicación y, en este caso ciertos partidos, alimentan esa espiral de rabia y miedo que deriva en un tornado en el que no se ve sino afán de justicia entendida en muchos casos como venganza.
Puede ser útil recordar algunos datos básicos sobre delincuencia y población reclusa en España hoy:
El índice de criminalidad es el tercero más bajo de la Unión Europea: solo Grecia y Portugal bajan de los 44 delitos e infracciones por cada 1.000 habitantes de España.
La tasa de homicidios es la segunda más baja de la Unión Europea, con 0,63% por cada 100.000 habitantes. Solo Austria mejora nuestra nota, según datos del Ministerio del Interior para 2016.
Además, la evolución reciente es muy positiva: el índice de criminalidad ha caído 7,4 puntos desde 2005 y las muertes violentas en 2016 son un 43% menos que hace diez años.
Esos datos se han trasladado a la opinión ciudadana: la percepción de inseguridad ha caído más de dos tercios en seis años, según el CIS. En 2010, hasta el 10% de los ciudadanos consideraba la inseguridad como uno de los tres grandes problemas del país. En 2016 ya era del 3,2%.
Población reclusa
Al cierre de 2016 había 51.029 internos en las cárceles españolas y el 92,2% son hombres. La estancia media en prisión en toda Europa es de siete meses. España es uno de los países con estancias más prolongadas, con una media de 17,5 meses por condenado. Según los más de cuarenta países que analiza el Consejo de Europa y que incluye a estados como Rusia, Azerbaiyán o Turquía, solo República Checa, Estonia, Portugal y Rumanía tienen estancias medias más largas que España, que es el quinto país cuyos reclusos pasan más tiempo en la cárcel. En el entorno de la UE, es el segundo por detrás de Portugal.
También tenemos más reclusos por habitantes que la media global: hay 138 personas en prisiones por cada 100.000 habitantes. Rusia, Georgia o Hungría superan esa cifra holgadamente, pero España tiene la mayor proporción de reclusos por habitante de todo su entorno, solo equiparable a los datos de Reino Unido y Portugal.
Aunque la mayoría de países la Europa occidental y central ha disminuido su población reclusa en la última década, en España se ha mantenido muy estable: solo ha caído un 0,8% desde 2005.
Las cárceles españolas son las cuartas más pobladas o “hacinadas”, teniendo en cuenta que hay casi 120 reclusos por cada 100 plazas. Solo las superan las de Macedonia, Bélgica y Hungría, y empata con Albania. La media de ocupación en estos cuarenta países es inferior al 94%.
De hecho, el último informe del Consejo de Europa alertaba de que España es uno de los doce países cuyas cárceles estaban sobresaturadas en 2014 y que no corrigió la situación hasta el año siguiente. El informe separa los datos de Cataluña del resto de España, y en este sentido la cifra empeora: en 2015, había hasta 133 reclusos por cada 100 plazas en las cárceles españolas sin contar las catalanas, frente a los 118 del año previo.
Junto a Portugal, España es el país de la UE con menor índice de rotación en sus prisiones. Según el Consejo de Europa, una baja ratio de rotación “implica periodos de encarcelamiento más largo y podría entenderse como una advertencia de riesgo de hacinamiento en las cárceles”.
En cuanto a la longitud de las condenas impuestas, España dispara la media: es el décimo país con más condenas superiores a los tres años de cárcel. El 72,4% del total de sentencias de cárcel son de tres años o más, mientras la media europea está en el 52,5% del total. Hasta el 21,2% de las penas superan los diez años de prisión, duplicando la media europea.
En cuanto a las tipologías de delitos, en España un 7,8% de los encarcelados lo son por homicidio o intentos de homicidio: es la proporción más baja del conjunto, sólo superada por Noruega y Eslovaquia. La media europea escala al 13,2%. La suma de robos y hurtos en España es muy similar a la de la media europea y es cuatro veces superior a la media del conjunto en cuanto a delitos relacionados con las drogas.
Endurecimiento del acceso a beneficios
Las reformas del Código Penal de 2003 y 2015 han convertido al texto español en uno de los más duros de su entorno. Antes de la introducción de la prisión permanente, implantada paulatinamente en la mayor parte de Europa con límites más laxos, el código penal español ya fijaba condenas de entre 15 y 25 años para asesinatos, y entre 10 y 15 para homicidios.
En el caso de la prisión permanente revisable, la pena se eleva a entre 25 y 35 años, y al final de ese periodo un juez debe evaluar si el condenado está reinsertado. No obstante, en ambos casos los beneficios para permisos penitenciarios comienzan al mismo tiempo: tras el cumplimiento mínimo de ocho años de prisión.
La permanente revisable sí endurece el acceso al tercer grado: por asesinato común puede accederse a él al cumplir la mitad de la condena. Bajo la cadena perpetua revisable no se accede al tercer grado hasta los 18 años de cárcel.
