El Tribunal Constitucional detalló este lunes la fundamentación jurídica de la decisión adoptada el sábado por la que impide la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat. En el controvertido auto de 14 páginas, el Constitucional justifica la toma de medidas cautelares contra Puigdemont por razones de “urgencia excepcional”. Unas medidas que no se sabe quién las ha pedido.
La justicia constitucional en España es una jurisdicción rogada. Esto es, tiene que haber petición de parte para poder adoptar las medidas oportunas. El auto del Constitucional adopta tres medidas para la sesión de este martes en el Parlament:
(a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Caries Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.
(b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.
(c) Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.
En el registro del Parlament no se ha registrado hasta el momento ninguna solicitud de voto telemático, por lo que llama la atención la adopción de estas medidas, ya que el Gobierno no puede haber solicitado el recurso contra algo que no se ha registrado ni siquiera en la cámara catalana.
“Me resulta sorprendente que la admisión a trámite no está resuelta y en cambio el tribunal adopte unas medidas cautelares que no se sabe quién las ha pedido y sin acudir al resto de las partes”, afirma a EL BOLETÍN el portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega.
El portavoz de la prestigiosa asociación de jueces se muestra visiblemente sorprendido ante la fundamentación jurídica del auto y considera que “si no cabe recurso (contra el auto) se tendrá que pronunciar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Juezas y Jueces para la Democracia considera que la decisión del Alto Tribunal es “voluntarista”.
“Han buscado una serie de reglas para evitar que haya voto delegado, investidura telemática, cuando todavía ni siquiera se ha planteado esa cuestión”, critica Ignacio González Vega, que cree que el Constitucional debía haber admitido simplemente a trámite el recurso.
“No tiene mucho sentido hacer unas medidas cautelares que lo que tratan de evitar a toda costa es la investidura de Carles Puigdemont”. El portavoz de la asociación de jueces se muestra preocupado por la decisión del Tribunal Constitucional “porque debemos velar por el cumplimiento de la ley y de las leyes procesales”.
Por otro lado, Ignacio González Vega considera “inaceptable” e “inadmisible” la noticia adelantada por El País de los presuntos contactos que mantuvieron en la tarde del sábado – previos a la decisión – el Gobierno y algunos magistrados del Tribunal Constitucional.
“Es inaceptable. Los magistrados del Constitucional son independientes. No estamos ante una justicia negociada […] Eso de unas consultas con el Gobierno no me parece admisible. Deberían de respetar la independencia a la hora de decidir del Alto Tribunal”, asegura.
