“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable”. Así de contundente es la Cámara de Cuentas de Madrid, que ha fiscalizado la aplicación de la Ley de Dependencia en la región madrileña desde 2011 a 2015.
Los datos son demoledores. El informe recoge los expedientes relativos a solicitantes de asistencia que habían fallecido a fecha de diciembre de 2015: el 84% de los que murieron en los seis meses siguientes a la petición de la asistencia lo hicieron sin percibir ayuda alguna. De los que murieron a partir de los seis meses siguientes de solicitar la ayuda del sistema, hasta el 62% falleció igualmente sin recibir “ninguna prestación económica o servicio”.
“Estos hechos podrían dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración y en estos términos se pronuncia la Defensora del Pueblo, al ser éste un derecho invocable ante los tribunales, dado el carácter público de las prestaciones del Sistema, la universalidad en el acceso a las mismas, y el derecho de los ciudadanos a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho”, defiende la Cámara de Cuentas.
El fiscalizador subraya que “los beneficiarios con mayor grado de dependencia que solicitaron la atención residencial como modalidad principal, sin haber solicitado una prestación económica como modalidad transitoria, al ser los más vulnerables, habrían sido los más perjudicados”.
La Cámara de Cuentas confirma que, a medida que han pasado los años en el periodo estudiado, el plazo medio para ser atendido por el sistema no ha hecho sino incrementarse, con algunas excepciones puntuales. Es “especialmente significativo” en el caso del servicio de ayuda a domicilio: pasó de una media de 151 días en 2011 a 820 días de espera en 2015.
“Igualmente ocurre con el servicio de teleasistencia, pasando la espera media de 164 a 766 días”, destaca el informe. Es un aumento del retraso del 368%.
“El plazo medio de espera para acceder al servicio de atención residencial que en 2011 era de 282 días resulta en 2015 de 416 días, lo que supone un incremento del 48%”, añade. “Adicionalmente, no ha sido facilitado el número de plazas de atención residencial y de centros de día con que cuenta la Comunidad de Madrid en su ámbito territorial para la atención a usuarios dependientes”.
En general, a 31 de diciembre de 2015 estaban a la espera de recibir el servicio correspondiente un total de 14.233 beneficiarios. Casi un año y medio después, en marzo de 2017, 3.915 de aquellos solicitantes aún continúan en la lista de espera para ser atendidos.
El número de beneficiarios de grado III incluidos en lista de espera de 2015 en los servicios de atención residencial y centros de día de mayores se ha duplicado con respecto a 2013, pasando de 766 a 1.411 y de 72 a 164, respectivamente. En global, hasta 1.459 personas incluidas en las listas a 31 de diciembre de 2015 fallecieron sin recibir el servicio en la región madrileña.
