Ex subgobernador del Banco de España, ex director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante la salida a Bolsa de Bankia (julio de 2011). Con semejante currículo, no ha sorprendido que la comparecencia de Fernando Restoy, una de las más esperadas en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, se haya centrado en defender la labor de los supervisores.
Es “evidente” que la salida a Bolsa de Bankia “no logró cumplir los objetivos”, al tiempo que supuso un “quebranto sustancial” para los inversores, ha reconocido Restoy, que ha defendido no obstante que “ese desenlace no era fácilmente anticipable”. “En julio de 2011 no resulta sencillo” encontrar análisis que cuestionaran el riesgo de la operación.
Así, la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato contaba con ratings similares a las de otras entidades e incluso a la del Estado español y había superado los últimos test de estrés, ha recordado el ex vicepresidente de la CNMV, que ha añadido que tras la salida a Bolsa “la valoración del mercado se mantuvo estable hasta febrero de 2012”, incluso con una “evolución más positiva que el conjunto del mercado”.
“Ni el marco normativo vigente ni la información disponible en el momento del registro del folleto hubieran permitido justificar una eventual oposición de la CNMV a la ejecución de operación”, ha señalado Restoy, que considera que el regulador “cumplió de modo profesional” con sus funciones “explotando al máximo sus competencias”. Es más, ha dicho sentirse “satisfecho” por el trabajo hecho por el regulador para conseguir que el precio de la salida a Bolsa reflejase el precio del mercado y ha sacado pecho por el hecho de que se obligase a ampliar el tramo institucional de la operación en el tramo institucional.
A respuesta de los diputados de la comisión, Restoy ha abogado además por mantener la “prudencia” y la “cautela” sobre las cuentas del banco y sus niveles de provisiones, ya que el asunto está actualmente en la Justicia “y no se ha levantado el secreto de sumario”.
En resumen, Restoy ha defendido que la actuación de la CNMV durante la polémica salida a Bolsa, de Bankia se movió en tres ejes: promover un nivel “satisfactorio” de transparencia en la operación, procurar que el precio de salida reflejara la valoración del mercado y facilitar la adecuada comercialización de las acciones entre los inversores.
“La CNMV no recibió presión alguna para relajar los cumplimientos de los requisitos de para las salidas a Bolsa de las antiguas cajas de ahorros”, ha reiterado ante la insistencia de los diputados, sino que “actuó con absoluta profesionalidad”. “Éramos conscientes de la singularidad de la situación”, ha explicado, por lo que “tuvimos una actuación profesional y técnica”.
La CNMV actuó “hasta el límite de sus funciones” en las preferentes
En términos muy similares se ha referido Restoy sobre las emisiones de participaciones preferentes que realizaron las antiguas cajas de ahorros, y en las que quedaron atrapados miles de pequeños ahorradores tras la caída de las entidades. A su juicio, las actuaciones de la CNMV se llevaron “hasta el límite” de sus funciones, obligando a elaborar y distribuir folletos informativos y prohibiendo la reventa de los títulos a precios diferentes de los del mercado.
“El control público resultó insuficiente”, ha señalado. En ese sentido, “es probable que la disponibilidad de una mayor capacidad de control” de emisiones como las de las preferentes o la deuda subordinada, que ya ha sido incluida en la nueva normativa, “hubiese permitido al supervisor de mercados reforzar su capacidad de protección de los inversores minoristas”, ha explicado.
“La ley permitía la emisión de esos instrumentos y su colocación entre inversores minoristas”, ha apuntado en esa misma línea. Si bien “seguramente pudimos hacer más, la sensación es que estábamos agotando los instrumentos de los que disponíamos”. Tal y como ha recordado, el “único contexto” en el cual las preferentes iban a perder valor antes del estallido de la crisis “era una resolución mercantil”, porque todavía no había criterios europeos de resolución (bail in), que empezaron a incluirse en 2012.
“Quienes han perdido más no han sido los inversores”, sino los contribuyentes, se ha lamentado Restoy sobre el “coste social y general” que acabaron teniendo estos títulos, que no fueron “un tema singular español”, sino que ha ocurrido en otros países como Italia.
