Competencia

Competencia lleva al Supremo el decreto que otorga a Energía funciones que eran del regulador

El regulador ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra varios artículos del decreto para la reordenación del Ministerio de Energía que aprobó el Gobierno el mes pasado.

José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado al Tribunal Supremo la guerra que mantiene con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por arrebatarle varias competencias, entre ellas, la de la fijación de las tarifas de los peajes eléctricos.

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó un decreto para la reordenación del Ministerio de Energía que atribuye a la Secretaría de Estado de Energía “la elaboración de propuestas sobre regulación de la estructura de tarifas, precios de productos energéticos y peajes”, así como “la supervisión e impulso de las propuestas de planificación en materia energética”. Además, otorga a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones funciones como el reparto de los derechos de uso del espectro radioeléctrico.

La institución de Competencia, que ya había mostrado previamente su descontento, ha presentado ante el Alto Tribunal un recurso contencioso-administrativo contra varios artículos del decreto, según acaba de anunciar en un comunicado.

El recurso llega unas semanas después de que la Comisión Europea exigiera al Gobierno española la cesión de la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico a un organismo independiente tal y como marca la normativa europea. El Ministerio de Energía se resiste a ello, y defiende que la cuantía de los peajes deben decidirlas los gobiernos por tienen un carácter político.

La CNMC ya recurrió al Supremo el pasado verano el decreto que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y que blinda al taxi frente a compañías como Uber y Cabify. Hoy mismo ha presentado un informe en el que asegura que las nuevas normas que ultima el Ministerio de Fomento al respecto “restringen la competencia” en el sector del transporte de viajeros en turismos y “no están justificadas”.

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