El juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid ha abierto juicio oral por la destrucción de los discos duros. El PP, por tanto, hará de nuevo historia y será el primer partido en la historia de la democracia española con una causa penal.
El partido que encabeza Mariano Rajoy se encuentra procesado como persona jurídica en esta causa por daños informáticos y encubrimiento, junto con su actual tesorera, Carmen Navarro; el abogado Alberto Durán, y el exresponsable de informática José Manuel Moreno.
La justicia confirma así que hay indicios de que los acusados y el propio partido rayaron y borraron hasta 35 veces los discos duros de los ordenadores que usaba el exterorero Luis Bárcenas con el objetivo de entorpecer la causa que investiga la supuesta caja B del partido de Mariano Rajoy.
El auto que abre juicio oral recuerda que la Audiencia Provincial estimó que “se impidió con el borrado de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”
La magistrada Rosa María Freire, titular del Jugado número 32 de Madrid, observa así una “íntima conexión entre los delitos objeto de acusación, daños informáticos y encubrimiento”. Por ello, no aprecia “la consideración privada del delito de daños informáticos y la consiguiente aplicación de la conocida como Doctrina Botín”.
Después de que el titular de los ordenadores, el propio Luis Bárcenas, se retirara de la causa, el PP y los particulares acusados pidieron la aplicación de la ‘doctrina Botín’ para archivarla. Esa estrategia se apoya en que una causa no puede seguir adelante con la única personación de la acusación popular, y sin que se haya personado la Fiscalía o una acusación particular.
Pero la magistrada considera que al dañar la investigación de una causa “criminal” en curso los hechos deben llegar al juicio oral.
Las acusaciones, sostenidas por la acusación popular encabezada por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), solicitan pena de hasta dos años de prisión para la tesorera. Sobre el PP, piden que el partido quede suspendido de actividad durante medio año y que no pueda recibir donaciones privadas durante cinco años.
