La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado prisión incondicional para los ocho exconsellers de la Generalitat de Cataluña que este jueves han declarado por los delitos de rebelión sedición y malversación. Respecto a Santi Vila, exconsejero de Empresa, la magistrada ha dictado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.
De esta manera, el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Dolors Bassa serán trasladados de inmediato a prisión.
La juez acepta de esta manera la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de prisión incondicional para todos los miembros del Govern, excepto para Vila. Este último dimitió de su cargo antes de que el Parlament votará la declaración de independencia.
Carmen Lamela aprecia una “alta probabilidad” de que puedan “proceder a ocultar, alterar o destruir” pruebas debido a los cargos que han ostentado hasta hace unos días en el Govern. Asimismo, la magistrada señala que existe “alto riesgo de reiteración delictiva” y de fugarse de España al tener un poder adquisitivo “que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”.
Sobre el riesgo de huida, Lamela recuerda que “algunos de los querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”, en clara referencia a Carles Puigdemont y a los exmiembros del Govern que están en Bruselas.
Para la juez el proceso independentista “no hubiera podido impulsarse” sin el papel que han protagonizado Junqueras y los otros siete exconsellers desde sus cargos públicos, cuya acción “fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”.
En el caso de Vila, Lamela no entiende que haya riesgo de “reiteración delictiva”, ya que recuerda que él mismo “desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el 16 de octubre”, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlamento. Esto, en su opinión, “pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento sececionista”.
Por todo ello, fija una fianza de 50.000 euros para que no entre en prisión.
