Carmena reclama casi 130 millones a Botella y su equipo por la venta de vivienda pública

Ayuntamiento de Madrid

Carmena reclama casi 130 millones a Botella y su equipo por la venta de vivienda pública

El consistorio eleva al Tribunal de Cuentas una demanda de restitución patrimonial por lo que el Ayuntamiento dejó de ingresar por la enajenación de más de 1.800 pisos públicos en 2013.

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid

El concejal Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha presentado este jueves ante el Tribunal de Cuentas una demanda contra la exalcaldesa Ana Botella y todos los miembros de su junta de Gobierno, además del anterior consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé. La causa: el «posible perjuicio económico» a las arcas madrileñas por la venta de vivienda protegida a fondos de inversión bajo la alcaldía del PP.

En calidad de actual vicepresidente de la empresa pública de vivienda, el concejal ha explicado que el equipo de Manuela Carmena “reclama una restitución del valor económico” que las arcas municipales dejaron de ingresar por la venta de estos inmuebles. “Entendemos que como mínimo, lo que el Ayuntamiento de Madrid ha dejado de percibir asciende a 55 millones de euros. Aunque si atendemos al valor real de tasación, la cifra estaría muy por encima de esa cantidad, entre 250 o 300 millones de euros”, ha explicado.

Además, la querella apunta a los particulares que figuran en la demanda, por lo que “la restitución patrimonial correspondería a estas personas en concreto”; es decir, a Botella y su equipo.

El Tribunal de Cuentas ya abrió diligencias por la enajenación del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas de alquiler al fondo Magic Real Estate Blackstone, gestionado por Fidere. Esas viviendas pertenecían a 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que, a través de esta operación llevada a cabo en el 2013 por el Ejecutivo de Ana Botella, obtuvo 128,5 millones de euros.

Una cantidad que se sumó a otras ejecuciones llevadas a cabo por el propio ayuntamiento con el objetivo de saldar parte de la deuda de la EMVS, que por entonces rondaba los 630 millones de euros. Un informe del fiscalizador dictaminó que aquellas ventas supusieron “un quebranto económico injustificado” que dio pie a “un beneficio injusficado en los compradores”, los llamados fondos buitre.

La demanda que hoy presenta el equipo de Carmena para reanimar la causa se centra en dos operaciones: en primer lugar, la enajenación de 18 promociones completas de vivienda protegida, de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados (un total de 5.315 inmuebles) a las sociedades Fidere Vivienda, S.L.U. y Fidere Gestión, S.L.U. por un precio global de 128,5 millones de euros en 2013, dos años antes de que Botella abandonase el Palacio de Cibeles.

Por otro lado, la enajenación de 34 viviendas y 2 plazas de garaje por un precio total de más de dos millones.

El consistorio informa de que “según informes periciales” que calculan la diferencia entre el precio de venta de los inmuebles y el precio de mercado, las 18 promociones deberían haberse vendido por cerca de 250 millones de euros, prácticamente el doble del precio al que finalmente se enajenaron.

Por lo tanto, los importes cuyo reintegro se solicita son los siguientes: 4 millones por la venta de 34 viviendas, 120 millones por la de las 18 promociones y 2,3 millones de euros más por los servicios de intermediación contratados por el equipo de Botella.

“La existencia de una intermediación inmobiliaria oculta y fuera del procedimiento establecido provocó un saldo negativo injustificado en las cuentas de la sociedad de 2.392.775 euros”, explica el consistorio en un comunicado.

La demanda pide el reintegro de los fondos públicos

En concreto, la demanda cita como responsable contable directo, demandado por todos los conceptos, a Fermín Oslé Uranga, Consejero Delegado de la EMVS en el momento en que se produjeron los hechos. Además, por la venta de las 18 promociones también cita a los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en aquel momento: la exalcaldesa Ana Botella, la actual delegada del Gobierno y exconcejal del PP en la capital Concepción Dancausa, y los concejales Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, María de la Paz González, María Dolores Navarro y Pedro María Corral.

“Los fondos de la EMVS son fondos públicos, tal y como reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, el daño causado sobre los fondos de la EMVS afecta también a las cuentas públicas del Ayuntamiento, dada la vinculación absoluta que existe entre el patrimonio de ambos”, explica el consistorio.

En este sentido, la demanda por alcance tiene como objetivo “exigir responsabilidad contable a las personas que, por su participación en las dos operaciones citadas, causaron un daño cuantificable e individualizado a los fondos públicos”. El Ayuntamiento recuerda que las ventas de los inmuebles se realizaron por un precio muy por debajo “del que hubiera sido razonable” y ‘a la baja’.

La demanda persigue por tanto que el Ayuntamiento pueda obtener “el reintegro del daño que se le ha causado a las arcas públicas”.

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