Tiene rostro de mujer, está teñido de precariedad y tiene acento extranjero. No se trata de un acertijo. Ni mucho menos. Es el perfil del empleo doméstico, al que hay que sumar una característica más: en España se desoye e incumple los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No será por advertencias del propio organismo, de sindicatos, de formaciones políticas y de las propias trabajadoras. Pese a los múltiples mensajes que han sido dirigidos al Gobierno de Mariano Rajoy, la Asamblea de Madrid buscará dar un nuevo toque y así elevar la presión.
Este jueves 2 de noviembre el Parlamento madrileño debatirá sobre los incumplimientos del Ejecutivo nacional en esta materia. Podemos, a través de su diputada Beatriz Gimeno, lleva al Pleno de la Asamblea de Madrid la Proposición No de Ley (PNL) que busca sumarse a las numerosas voces que exigen al Gobierno de Rajoy a que ratifique el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
Mientras los oídos sordos con la OIT se han convertido en tradición en La Moncloa, los datos oficiales muestran el problema que existe con este colectivo. La última Encuesta de Población Activa destacó que el empleo doméstico ocupa a 614.000 personas en España, de las cuales un 90% son mujeres. Asimismo, tal y como apuntan desde el movimiento laboral, el 54% de las personas afiliadas a este trabajo son extranjeras. Y la última característica de esta función tiene que ver con la precariedad: el 30% no están afiliadas a la Seguridad Social, según señaló la propia OIT.
Ante esta problemática, los toques del organismo internacional han sido constantes desde que se aprobó en 2011 el Convenio nº 198 y la Recomendación nº 201 con el que se buscaba atajar el conflicto. Hasta el momento, como relata Podemos en su PNL, a la que ha tenido acceso EL BOLETÍN, 22 países han puesto en vigor estas normativas de la OIT. Entre ellos: naciones del entorno español como Alemania, Italia o Portugal o países con menos peso económico como Bolivia, Nicaragua o Costa Rica.
En España el Gobierno acordó en la reunión del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 un Acuerdo para la no ratificación. Desde el Partido Popular justificaron su decisión. «No es que no se vaya a ratificar, no digo que sea imposible, pero hay muchas dificultades y habrá que seguir trabajando en ello», aseguró en 2014 la diputada popular Carmen Álvarez-Arenas achacando esta (no) medida a los problemas que se derivan de la prevalencia de la ocntratación personal y no a través de empresas. Tres años después la Asamblea de Madrid insistirá en que el Ejecutivo de Rajoy dé el paso definitivo.
Un convenio para poner fin a la precariedad del sector
De hecho, Unidos Podemos al inicio de esta legislatura llevó al Congreso de los Diputados una proposición de ratificación del citado convenio. Salió adelante con 224 votos a favor, 114 abstenciones y un voto en contra el pasado 15 de marzo de 2016. Incluso en dicha iniciativa en la Cámara Baja se aceptó una enmienda de Foro Asturias que se reclamaba que la ratificación «no se demore más allá de marzo de 2017«. Plazo incumplido por el Gobierno.
«Apenas sin cobertura legal ni protección, sin salarios o tiempos de descanso reglados, sin prestaciones ni baja por maternidad. Las trabajadoras del hogar tienen unas de las condiciones laborales más paupérrimas de nuestro país: sin derecho al subsidio de paro, sin posibilidad de jubilación anticipada o ayudas y sufriendo todo tipo de abusos incluidos los sexuales […] Es preciso continuar apoyando a este sector y adquirir compromisos para que en nuestro país, y en el resto del mundo, se equipare a cualquier otra ocupación y deje de ser una ocupación infravalorada socialmente, invisibilizada, precarizada y mal remunerada», afirma la parlamentaria de Podemos en la Asamblea de Madrid.
El PSOE de Madrid también exige su ratificación
Al mismo tiempo, los socialistas madrileños también han lanzado sus miradas a las empleadas de hogar. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha propuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ponga en marcha un plan de actuación para garantizar la seguridad laboral y las condiciones de trabajo dignas en el empleo doméstico. Para ello, han planteado la creación de una Mesa de Diálogo para evolucionar en esta cuestión.
La diputada del Grupo Socialista, Mónica Silvana González, ha exigido este lunes en la Asamblea de Madrid, la necesaria visibilización del empleo doméstico y la protección de quienes realizan estas actividades. «Un 90% son mujeres y una de cada cuatro trabaja en Madrid. Además de forma muy generalizada, se trata de un empleo sin derechos, ni cotizaciones sociales», ha censurado.
La secretaria de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE-M, Maru Menéndez, ha anunciado que elaborará un propuesta (un plan ad hoc) de actuación en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para proteger a este colectivo. Por último, la socialista ha hecho hincapié en «la exigencia de ratificación por parte del Gobierno de España del Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos».
