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Rato, Pujol, Bárcenas, Marjaliza... los amnistiados por el decreto inconstitucional de Montoro

Luis Bárcenas, extesorero del PP
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Luis Bárcenas, extesorero del PP

La amnistía fiscal del PP en 2012, tumbada ayer por el Constitucional, ayudó a grandes nombres de la corrupción española a regularizar capitales evadidos.

viernes 09 de junio de 2017, 14:18h
Aunque en 2015 la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados acabó con la posibilidad de conocer los nombres de las personas físicas que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, los sumarios judiciales por corrupción y la prensa han revelado alguno de ellos. Entre las apariciones más sangrantes, la de políticos del PP ahora imputados, investigados, en la cárcel o esperando la celebración de juicios, que blanquearon sus capitales en el extranjero a través de la vía que les ofrecía el propio partido político en el que trabajaron.

Por volumen de regularización se lleva la palma el extesorero del PP Luis Bárcenas, presunto cerebro de la trata Gürtel y guardián de la caja B del PP, se trajo de vuelta a España casi once millones de euros. No lo hizo con su nombre, por lo que Montoro defendía en 2013 que Bárcenas no estaba en el listado de evasores. Usó una sociedad para regularizar el dinero acumulado en Suiza, según los investigadores gracias a las mordidas por concesiones del PP a empresarios de la trama.

No obstante, no hizo lo mismo con otros 25 millones que tenía en el banco Lombardier, ante lo que la Agencia Tributaria anuló la declaración por contener datos falsos.

También se benefició de la amnistía fiscal del PP el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que quiso regularizar su patrimonio dando lugar a una investigación por parte de Hacienda sobre la fortuna familiar que podría tener radicada en paraísos fiscales. Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el también exministro de Hacienda y autor del “milagro español” según José María Aznar, defraudó a Hacienda 6,8 millones de euros en una década.

Y saltando de la Gürtel a la Púnica, el siguiente “caso aislado” del PP en la lista de amnistiados es Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y aún en prisión provisional por la trama corrupta bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Hizo aflorar 1,5 millones de euros desde sus cuentas en el extranjero entre 2012 y 2013.


El socio de Granados en 'Púnica', el empresario David Marjaliza, abonó a Hacienda en febrero de 2014 tres millones de euros correspondientes a los 12 millones que había mantenido en cuentas fuera de España.

En el clan Pujol, dos de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Josep y Oleguer han declarado haber recurrido a la amnistía fiscal para regularizar cinco millones de euros en total, parte de su fortuna en el extranjero.

Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y en prisión incondicional sin fianza desde el pasado 21 de abril, por el 'caso Lezo', regularizó en 2012 una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, hasta entonces ocultos en un banco suizo, según recuerda Europa Press.


Por su parte, el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, también imputado en la Gúrtel, se acogió a la amnistía fiscal en julio de 2012 con 450.000 euros de una cuenta en Suiza, abonando a Hacienda 4.722 euros.

En su sentencia de ayer, el Constitucional denuncia la "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Aunque el PP se ha defendido hoy en las amenazas de rescate y colapso económico para aprobar una amnistía “a la desesperada”, el Alto Tribunal tumba la justificación de que el decreto de Montoro pueda sostenerse por la necesidad de obtener ingresos para las cuentas públicas. No es razón suficiente puesto que conculca el deber de todos los españoles de sostener la contabilidad pública sin privilegios.

Sin marcha atrás para recuperar lo evadido

Sin embargo, nada va a cambiar para los usuarios de la amnistía y que regularizaron sus fondos no declarados a la Hacienda española: para preservar la seguridad jurídica, los magistrados han decidido avalar las regularizaciones que se han realizado desde entonces.

El dinero recaudado no llegó ni a la mitad de lo anunciado por Hacienda, que logró ingresar 1.200 millones de euros frente a los 2.500 que anunció. Las cuentas finales, al aflorar unos 40.000 millones de euros, apuntaron que el gravamen para los que se acogieron a la amnistía no fue del 10% como estipuló Hacienda, sino que acabaron pagando un recargo de solo el 3%.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende que el fallo está basado en aspectos formales y no de fondo. Por ello, la tranquilidad, como ha mostrado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es la postura que toman desde Moncloa.

La oposición no ha tardado en exigir la dimisión del ministro de Hacienda tras el revés del Tribunal Constitucional y Montoro, como respuesta, ha anunciado que acudirá voluntariamente al Congreso de los Diputados a explicar la sentencia.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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