El Gobierno de Mariano Rajoy ha respondido a parte de las 14 preguntas escritas formuladas por el Senador de Compromís, Carles Mulet, sobre el Valle de los Caídos, pero el grupo se queja de que “muchas de ellas no han sido atendidas y ya se ha recurrido la falta de respuesta”.
El dato que aporta el Ejecutivo es un gasto de 1.836.325,33 euros en el ejercicio de 2016, dividido en cuatro grandes partidas. La principal son los gastos de personal, que requieren 1.045.000 euros en un año. Los gastos corrientes en bienes y servicios se quedan con otros 327.722 euros.
Hay transferencias corrientes por valor de 340.000 euros e inversiones por 123.602 euros. En total, 1,8 millones en el mantenimiento de uno de los monumentos más polémicos de cara la Ley de Memoria Histórica en el país y del que la mayoría de la oposición ha pedido sacar los restos del dictador Francisco Franco.
Mulet ha afeado al Gobierno “que únicamente haga caso a las recomendaciones de la Comisión de Expertos que ideológicamente le convienen”. Se refiere a directrices como, por ejemplo, restauraciones. “Pero no para las que pedían resignificar el conjunto”, ha denunciado el senador.
“En cuanto al coste anual en todos los conceptos (mantenimiento, suministros, personal, seguridad, etc), se indica que los gastos de explotación del Valle de los Caídos sufragados con cargo al presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional […], incluyendo la subvención de 340.000 euros a la Abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el ejercicio 2016, fueron los que se detallan a continuación”, se lee en la respuesta del Ejecutivo a una de las cinco cuestiones respondidas por el Ejecutivo, de las 14 formuladas por Compromís.
No sin la Iglesia
¿Por qué se ha hecho caso a la recomendación 22 y no a la 29, reclamaciones de identificación, exhumación, y devolución de familiares?”, pregunta Compromís. Tras una larga explicación sobre procesos necesarios, “dificultades y limitaciones”, el Ejecutivo responde que “el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, está haciendo todo cuanto está en su mano en colaboración con la Abogacía del Estado”. Añade que “en cualquier caso, cualquier iniciativa en este ámbito requiere los máximos consensos políticos y sociales y, por lo tanto, el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios para la adopción de cualquier medida así como de la mencionada autorización de la Iglesia”.
La formación valenciana pregunta al equipo de Rajoy por qué no se siguen otras recomendaciones de la Comisión de Expertos como “hacer del Valle de los Caídos un lugar para la memoria de víctimas y muertos de la Guerra Civil”, hacer una “re significación integral” del conjunto y promover “que José Antonio Primo de Rivera o Franco no tengan un lugar preeminente en la Basílica”.
El Ejecutivo hace un “corta-pega” de la propia Ley de Memoria Histórica que no aporta información sobre lo que cuestiona Compromís y añade el Comité de Expertos también “recuerda que cualquier actuación del Gobierno en el interior de la Basílica exige una actitud de colaboración por parte de la Iglesia que es a quien se ha confiado la custodia de sus restos y que es quien, dada la calificación legal de la Basílica como lugar de culto, debe dar la preceptiva autorización”.
