El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy han salido en defensa del recorrido de Manuel Moix en la Fiscalía Anticorrupción. Si para Fernando Martínez-Maíllo no hay motivos para cuestionar el “gran servicio” que hizo a este país, para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tampoco existía razones “de legalidad para promover su cese más allá de la renuncia personal”.
Catalá ha querido aplaudir el “trabajo correcto” de Moix durante su mandato al frente de Anticorrupción. Pese a insistir en que no existía “ningún motivo de legalidad”, el popular, antes de inaugurar la nueva sede del Colegio de Graduados Sociales en Madrid, ha apuntado que desde el gobierno respetan “la autonomía del Ministerio Fiscal” para colocar o quitar a un fiscal.
De hecho, el ministro de Rajoy ha negado que el hasta ahora fiscal jefe de Anticorrupción haya recibido algún tipo de presión por parte del gobierno. La renuncia de Moix se debe, según ha explicado el propio implicado a Catalá, por “una presión personal que le impedía continuar ejerciendo sus funciones”.
Respecto a si esta dimisión hace tambalear la confianza en el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, Catalá ha afirmado rotundamente que no hay “ningún elemento nuevo” para hacer algún cambio “en los criterios que promovieron su nombramiento hace unos meses”.
