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El PP de Cifuentes rechaza forzar la dimisión de Josefa Aguado hasta que no haya imputación formal

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
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Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

Los populares se remiten a su código ético, pese a que el juez De la Mata ha pedido su imputación a la Justicia madrileña por el ‘caso Gürtel’ en una contundente exposición.

lunes 17 de abril de 2017, 19:58h

El Partido Popular ha querido en valor el código ético que firmaron sus diputados de la Asamblea de Madrid cuando Cristina Cifuentes llegó al poder. El Grupo Popular ha aclarado este lunes que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) llame a declarar como imputada a su diputada María Josefa Aguado por el ‘caso Gürtel’ no renunciará a su acta.

“Respetamos las decisiones judiciales y tendrá que ser el TSJM el que decida ahora a la vista del informe del juez si la llama o no en concepto de investigada”, ha manifestado un portavoz del Grupo Popular, en declaraciones a Europa Press, para agregar que entretanto no entra en vigor el código ético. Una defensa que llega en el mismo día en el que el juez José de la Mata ha reclamado la imputación de Aguado por sus vínculos con el ‘caso Gürtel’ mientras estaba presente en el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

En concreto, el magistrado en su exposición razonada al TSJM acusa a Aguado de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos durante la adjudicación del contrato para la organización de las ‘X Olimpiadas Escolares’ a empresas de Francisco Correa. Por ello, la pelota está ahora en el tejado de la Justicia madrileña al ser la popular una aforada.

De esta manera, el Gobierno de Cifuentes no dará un paso para exigir el acta de Aguado hasta que se pronuncie la Justicia madrileña, pese a la exposición contundente de De la Mata. Si finalmente la imputación es una realidad, la política se sumaría a la lista de populares que han tenido que dejar su acta como fue el caso del diputado y exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz, imputado en la trama Púnica.

Un Código Ético firmado por todos los diputados populares a principios de la presente legislatura recoge que deberán abandonar su acta en el caso de que resulten investigados formalmente por un delito de corrupción o que genere alarma social.

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