Se acaba de cumplir un mes desde que Banco Popular fuera intervenido, liquidado y vendido al Santander y los accionistas afectados se preparan ya para presentar sus demandas e intentar recuperar parte de lo invertido. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado en varias ocasiones -la última ayer mismo- que “el contribuyente español no pagará un euro» porque España aplicó a rajatabla las reglas europeas de resolución. Pero no está tan claro.
Los grandes inversores apuestan por reclamar a los supervisores nacionales y europeos para intentar recuperar su dinero, mientras que los pequeños accionistas, que se están organizando a través de asociaciones, parecen dirigir sus demandas contra los gestores de la entidad. Así, el BCE, que activó el ‘bail in’ tras decretar que no era viable, y el FROB, que aceptó su venta al Santander, también están en la ‘diana’ de los accionistas mayoritarios.
De hecho, el inversor mexicano Antonio del Valle, que ha perdido más de 500 millones de euros en el Popular, descarta denunciar a la entidad intervenida, tampoco al expresidente Ángel Ron ni al Santander. El empresario dirigirá toda su artillería jurídica contra el FROB y el Junta Única de Resolución (BCE), según publica Expansión. Del Valle ha contratado a Ontier, el despacho de abogados de Carlos Slim en España, para que prepare las demandas.
Otros grandes inversores extranjeros como el chileno Andrónico Luksic ya ha presentado una demanda contra el FROB y planea hacer lo mismo contra el JUR ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tampoco descarta emprender acciones contra el Banco de España o la CNMV.
La asociación Adicae, de usuarios de bancos, cajas y seguros, también apuesta por reclamar al FROB y ya ha presentado la correspodiente demanda.
Por su parte, el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que ha perdido 45 millones, está reuniendo a pequeños accionistas para reclamar de manera conjunta y su idea es demandar directamente a los gestores de la entidad, incluyendo a Saracho, y a PwC, auditor de Popular.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, en su última comparecencia tras el Consejo de Ministros desvió toda responsabilidad a las autoridades europeas: “El FROB siempre actúa por cuenta de la Junta única de resolución”, apuntó.
Este fin de semana, sin embargo, la Comisión Europea y el BCE advirtieron en un informe que las autoridades bancarias españolas tendrán que seguir de cerca cualquier riesgo de litigios.
Banco Popular fue intervenido en la noche del 6 al 7 de junio después de que el BCE decretase que la entidad no era viable. En el caso del Popular, el ‘bail in’ o rescate interno activado supuso la amortización de la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de Banco Popular –que estaban valoradas en unos 1.500 millones de euros-, así como de los instrumentos híbridos de capital –el banco tenía en circulación 1.250 millones de euros en CoCos-.
Al mismo tiempo, se procedió a convertir la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio de Nivel 2, es decir, unos 650 millones de euros en deuda subordinada, emitidos por la entidad en acciones de nueva emisión del propio banco. Fueron estos últimos títulos los que compró el Santander por el precio simbólico de un euro.
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