“Hoy por hoy, no hay razones epidemiológicas ni éticas que justifiquen la obligatoriedad de la vacunación. Todo lo contrario”. Así lo afirman los epidemiólogos, que destacan que la población española “acepta estas vacunas mayoritariamente”. En concreto, apuntan que “más del 80% en las últimas encuestas”. Un porcentaje “que probablemente sería suficiente para conseguir inmunidad de grupo”, destacan.
Tras señalar que no está del todo claro que una comunidad pueda obligar a vacunarse de manera unilateral en todo su territorio, esta sociedad incide en que “cuando una persona se vacuna se protege a sí misma y, a la vez, protege a los demás”. “Desde el punto de vista ético”, asegura, “la obligatoriedad de la vacunación solo tiene sentido si hay un rechazo importante de la población a recibir una vacuna para la que hay pruebas fehacientes de su eficacia y seguridad, y si ese rechazo impide que se pueda lograr la inmunidad colectiva necesaria”.
Según remarca, esta “obligatoriedad solo tiene sentido si la protección del bien común tiene que hacerse a costa necesariamente de no respetar las decisiones individuales de los contrarios a vacunarse”. Sin embargo, señala, ese no es el caso de la vacunación frente a la covid.
Los epidemiólogos sostienen que “mientras el porcentaje de personas que rechazan la vacunación sea relativamente pequeño”, lo aconsejable es “armonizar la búsqueda del bien común y de la solidaridad con el respeto a las decisiones individuales, libres y sin coacciones”. “Con ello se aplica el consejo de recurrir a las medidas de apoyo a la salud pública que sean menos restrictivas de las libertades individuales”, afirman.
“Persuadir y convencer” a los reacios
Dicho esto, llaman a las autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas, a trabajar para “persuadir y convencer” a los que “puedan tener reservas” con la vacunación. Según defienden en una nota, recurrir a “medidas punitivas u obligatorias” puede provocar recelos en la población. “Una desconfianza en las autoridades muy poco aconsejable para la gestión de la pandemia”, advierte la organización.
Para estos expertos, las autoridades “deben ganarse la confianza aplicando medidas basadas en la mejor ciencia, con rendición de cuentas y transparencia”. De esta manera, la obligatoriedad, “aunque sea relativamente encubierta”, debe ser “un último recurso cuando la situación así lo exige y no quedan otras alternativas”.
