Sede de Naturgy en Barcelona
“Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como alas que conviven con ella y a sus vecinos”, destaca la compañía. Por ello, está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera (Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León)
En los dos últimos años UFD ha realizado en el conjunto de estas regiones más de 32.500 actuaciones que se han saldado con la apertura de 9.335 expedientes por fraude. Gracias a estas actuaciones, la distribuidora eléctrica ha logrado recuperar 160 GWh de energía defraudada, una cantidad equivalente al consumo anual de cerca de 50.000hogares. Sólo en 2022, UFD interceptó fraudes por un volumen de 105 GWh, el doble que el año anterior, lo que ilustra su compromiso con la persecución de esta práctica delictiva en aumento.
El fraude eléctrico: un quebranto en la factura del consumidor
El fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada terminar cayendo en el conjunto de los usuarios. El coste del fraude representa más de 2.000 millones de euros al año, lo que supone una repercusión media de casi 100 euros anuales por cada cliente que sí cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consume.
“El incremento del fraude supone un enorme problema social con consecuencias muy diversas. Además de entrañar un grave riesgo para las personas que lo practican y sus vecinos, los enganches a la red debilitan la calidad del suministro eléctrico y acaba suponiendo un gran coste para el resto de consumidores en sus facturas. Nuestro compromiso firme es combatirlo para garantizar la mejor calidad de suministro en los territorios donde estamos presentes”, explica Mónica Puente, directora de UFD.
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en periodo citado.
Además del grave peligro y el perjuicio económico que entraña, el fraude también incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente.
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
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