La privatización de servicios públicos como sanidad o educación “acaba con la protección de los derechos humanos y margina a los que viven en situación de pobreza”, según un informe de Naciones Unidas publicado este viernes y que señala directamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial por haber promovido este modelo por “ideología”.
El documento, firmado por el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, y del que se hace eco Servimedia, asegura que se está dando un “tsunami de privatizaciones” en servicios básicos como la justicia, los sistemas de prisiones, la educación o la sanidad, unas políticas que “no pueden hacerse a expensas de tirar por la ventana el sistema de protección social”.
En concreto, el informe de Naciones Unidas señala al Banco Mundial y al FMI por “haber promovido agresivamente la privatización de servicios básicos sin que se vean recompensados los derechos de las personas y los más pobres”.
En 2015, el Banco Mundial promovió la idea de aumentar la financiación del sector privado “de miles de millones a billones de dólares” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, ya en 2017, anunció su enfoque para maximizar el financiamiento para el desarrollo en el que “se da prioridad a la financiación privada y a las soluciones sostenibles del sector privado”.
A juicio de Alston, estas políticas, que “se presentan como una solución técnica” para algunos servicios, responden en realidad a una “ideología” que “devalúa los bienes públicos” y que, según la ONU, son “esenciales para una sociedad decente”.
“Mientras que los defensores de la privatización insisten en que ahorra dinero, es eficiente o que mejora los servicios, la realidad evidencia que muchas veces contradice sus propias justificaciones”, aseguró el relator especial.
Además de la eficiencia, el informe apunta que este modelo busca el “rédito económico” y que eso deriva, en cambio, en su intención de “minimizar el tiempo por cliente o paciente, pago de cuotas o ahorrar en recursos”.
Hay que recordar que el pasado mes de agosto, la Cámara de Cuentas constató que “se desconoce en base a qué criterios” se tomaron decisiones para privatizar ciertos servicios de la sanidad madrileña, certificando que las concesionarias no han demostrado un ahorro real.
