Los ultimátum del juez Ruz al PP para que le facilite información ponen en evidencia el discurso de Rajoy de que los ‘populares’ luchan contra la corrupción. Mariano Rajoy ha hecho gala cada vez que ha podido del interés del PP por “colaborar con la Justicia” en todo lo que tenga que ver con la corrupción. Unas palabras que chocan con la realidad. Y es que, en todos estos años el Partido Popular ha escenificado una peculiar manera de ayudar a Pablo Ruz en su investigación del ‘caso Gürtel’. Desde borrar los discos duros de Luis Bárcenas hasta obligar a este juez a lanzar constantes ultimátum para obtener la información requerida.
Esta manera de “colaborar con la Justicia” por parte del partido del presidente del Gobierno se podría resumir con ocho sencillos ejemplos.
El primero se remonta a finales de abril del año pasado cuando el juez de la Audiencia Nacional decidió expulsar al PP como acusación popular en la trama Gürtel por entender que defendía la inocencia de su extesorero, el mencionado Luis Bárcenas; su mujer, Rosalía Iglesias; y el exdiputado popular Jesús Merino.
“Tal exclusión del proceso trae causa en primer lugar de las concretas y determinadas actuaciones procesales seguidas por parte de la representación de la referida formación política en el ejercicio de su condición de acusación popular en la causa”, señalaba en su día Ruz que añadía que esta forma de actuar “viene en la práctica a contradecir” su intención de “colaborar activamente en la investigación judicial”.
Junto a esto, y como segundo ejemplo, hay que recordar el registro que se llevó a cabo en Génova el pasado 20 de diciembre. Una acción que se produce ante la supuesta negativa del PP de entregar al instructor del Gürtel toda la documentación relativa a la reforma de la sede nacional al encontrarse un desfase en las cantidades. Frente a los 520 documentos remitidos al juez, la policía se incautó de 5.067 papeles.
O lo que es los mismo, el Partido Popular se habría limitado a entregar a Ruz únicamente un 10% de toda la documentación que conservaba al respecto.
Como tercer ejemplo se encuentra el borrado de los correos de Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez. En el mencionado registro, que duró 14 horas, los agentes de la UDEF descubrieron que los correos del extesorero y del que fuera gerente del partido habían sido vaciados.
Mismo borrado sufrieron los discos duros de los ordenadores de Bárcenas que precisamente sería un nuevo ejemplo, y van cuatro, de la peculiar “colaboración” del PP con la Justicia.
La dirección nacional del Partido Popular envió a Ruz los dos ordenadores que el también exsenador utilizaba en Génova, tal y como reclamó, aunque lo hizo de una manera bastante peculiar. Y es que, uno de los discos duros había sido formateado y el otro no existía. Uno de los portátiles carecía de este disco.
Previamente, el instructor del Gürtel tuvo que poner un plazo de cinco días al partido de Rajoy para que entregara de una vez por todas estos ordenadores.
El quinto ejemplo también tiene que ver con la destrucción. En especial, con la del libro de visitas de la sede nacional en la madrileña calle de Génova. El pasado mes de mayo, Ruz solicitó a los populares “información sobre los registros de entrada de 2001 a 2008”.
Una petición que obtuvo una sorprendente respuesta por parte del PP: los libros de visitas se destruyen todos los meses, tal y como fija la legislación de protección de datos.
Por si esto hubiera sabido a poco, y como sexto ejemplo, las secretarias de Bárcenas y Lapuerta, ambas a sueldo del PP, aseguraron al juez de la Audiencia que no había rastro de las agendas de ambos extesoreros. Y es que, estas se habrían destruido o tirado a la basura.
Todo esto ha provocado que hubiera momentos en los que se colmara la paciencia de Ruz y lanzara un ultimátum al PP. Este sería el caso del séptimo ejemplo cuando, cansado de la ‘amnesia’ del secretario general de los populares de La Rioja, Carlos Cuevas, y de la gerente del partido Ana Elvira Martínez, dio un plazo de dos días a ambos para que apotasen toda la documentación que obrase en su poder sobre las adquisiciones de los nuevos locales para la sede regional en 2008.
Este requerimiento se ha repetido hoy de nuevo, aunque con diferente destinatario. El instructor del Gürtel ha dado cinco días “improrrogables» a la Comunidad de Madrid que gobierna Ignacio González para que le informe de quién pagó 15 actos a la trama de Francisco Correa. Una decisión, que es el octavo ejemplo de esta lista, que escenifica los ‘obstáculos’ que Ruz se está encontrando para conocer la verdad en esta trama.
