El Gobierno de Artur Mas anunció ayer que la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPC)y el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y Sanitarias (ICAMS) dejarán de ser un ente autónomo con para convertirse en una oficina administrativa interna de la Generalitat. El Gobierno de Artur Mas anunció ayer, a través de una videoconferencia a la que fueron convocados 800 médicos, farmacéuticos y gestores sanitarios, que la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPC) dejará de ser un ente autónomo con personalidad jurídica propia para convertirse en una oficina administrativa interna de la Generalitat. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y Sanitarias (ICAMS) le pasará lo mismo que al ASPC.
Según informa ‘Crónica Global’, la ASPC tenía unas funciones capitales, como la prevención de epidemias, la salubridad alimentaria, el medio ambiente como factor de riesgo sanitario, las enfermedades de transmisión sexual y la seguridad en el trabajo.
La ley de creación de la ASPC fue una iniciativa del tripartito, en 2009. Fue aprobada por unanimidad, incluidas CiU y ERC. Fue la primera ley de salud pública de España. Para minimizar a la ASCP, la Generalitat usará la vía reglamentaria, la de un decreto, que al afectar a una ley vigente tendrá que ser validado por el Parlamento autonómico, para respetar el principio de jerarquía normativa.
El ICAMS (antes ICAM), por su parte, sustituyó el anterior CRAM (Centro de Reconocimiento y Evaluación Médico, por sus siglas en catalán) por iniciativa de la Generalitat, en 2002, bajo el gobierno de Jordi Pujol. Antes, el Gobierno catalán había cometido el error de extinguir, por razones políticas absurdas, el cuerpo de inspectores médicos, que han continuado haciendo un buen trabajo en las otras Autonomías.
La creación del ICAMS logró un gran consenso, tanto político como por parte de las asociaciones empresariales y de los sindicatos. Lleva a cabo la evaluación médica, la inspección, la gestión y el control de los procesos médicos en materia de incapacidad laboral.
También dictamina sobre las actuaciones sanitarias públicas en relación a su posible responsabilidad patrimonial. Forma parte de la lucha contra el absentismo laboral, que con la supresión de los inspectores médicos en Cataluña había llegado a grados espectaculares.
