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Un demoledor informe deja en evidencia la lucha contra la violencia machista del Gobierno de Rajoy

viernes 04 de noviembre de 2016, 00:00h
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Sanidad
Un total de 13 organizaciones recuerdan que Rajoy recortó el 21,6% del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la prevención de la violencia machista.
La violencia machista es uno de los grandes retos que ha dejado pasar por alto el Gobierno de Mariano Rajoy cuando llegó a La Moncloa en 2011. No sólo lo ha evidenciado sino que lo ha lastrado. Así lo deja ver un demoledor informerealizado por un total de 13 organizaciones, entre ellas Médicos del Mundo, que denuncian cómo ha quedado esta política tras cuatro años del popular al frente del Ejecutivo.
 
El recorte del 21,6% del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la prevención de la violencia machista durante el mandato de Rajoy no augura buenos resultados. En el estudio ‘Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España’ (77 páginas donde 14 van dedicadas a las políticas contra la violencia de género), las organizaciones ahondan en la necesidad de abordar un conflicto en el que la Macroencuesta Violencia contra la Mujer de 2015, realizado por el Ministerio de Sanidad, revela una cifra más que preocupante: el 10,3% de las mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia física.
 
“Llama la atención que los asesinatos de mujeres y niñas cometidos en el Estado español no aparecen reflejados en las estadísticas oficiales como ‘Violencia de Género’, a pesar de que un breve análisis podría contextualizar estos casos fruto de la discriminación machista. En algunos casos se trata de femicidios/feminicidios precedidos por agresiones sexuales, en otros casos el crimen se produce ante una negativa a mantener una relación sexual. Salvo la posibilidad de que el responsable sea el compañero sentimental, la investigación queda despojada de enfoque de género y el crimen es tratado como un ‘suceso’”, critican las organizaciones.
 
Un distinto enfoque al crimen que se transforma en una “inacción” que “queda patente si se señala que frente a estas ‘otras’ manifestaciones de la violencia machista” el Gobierno “no ha dispuesto legislación específica, pero tampoco ha elaborado ningún plan de acción que abarque todas las formas de violencia contra las mujeres dentro de un análisis explícito de género y dotado de recursos suficientes”.
 
La Justicia, a examen
 
Y ante estos números, los vacíos por parte de la Administración son múltiples, según el informe: tanto en infraestructuras y organismos que apoyen a las víctimas como en la aplicación de la Justicia. “Es significativa la diferencia que hay entre el número de hechos conocidos de delitos contra la libertad sexual y el número de hechos esclarecidos e imputaciones. Hay un 25% de hechos que han quedado sin esclarecer y sin imputaciones por el delito”, denuncia el estudio a raíz de las últimas cifras que datan de 2014.
 
Una Justicia donde las organizaciones echan en falta una especialización del sistema, “a pesar de que en los últimos años se ha reforzado la sanción penal de la violencia sexual”. Un principal problema que reside en que el entramado jurídico “proporciona un tratamiento judicial sin enfoque de género, así como una falta de asistencia letrada especializada para víctimas de violencia sexual”.
 
Falta de centros de atención a víctimas
 
Sólo 9 de las 17 comunidades autónomas, disponen de centros de atención a víctimas de violencia sexual”, sentencia el informe. Unos centros donde en algunas de estas comunidades los servicios ni tan siquiera están garantizados por el Estado, recayendo la responsabilidad en “iniciativas privadas dependientes de las subvenciones públicas”.
 
De esta manera, el País Vasco, Navarra, La Rioja, Galicia, Murcia, las Islas Baleares, las Islas Canarias y Castilla-La Mancha no cuentan con centros de atención para víctimas de violencia sexual de género. Es más, como apunta el informe, las mujeres, niñas o adolescentes que hayan nacido en comunidades autónomas sin un recurso especializado en la materia “no pueden ser atendidas bajo el prisma de la especialización que implica la intervención con supervivientes de violencia sexual”.
 
Un escenario que no es únicamente reciente en el que las 14 organizaciones echan la vista atrás y recuerdan que “la falta de actuación de las distintas administraciones públicas, así como la de los gobiernos que han ido alternando en los últimos cuarenta años” ha provocado “una ausencia completa de políticas públicas en el marco del acceso y obtención de asistencia, protección, justicia y reparación en violencia sexual”.
 
Unas deficiencias donde el Gobierno tampoco ha tenido en cuenta las recomendaciones internacionales, tal y como no olvida el informe: “No existe en todo el Estado español ningún centro de atención en crisis (24 horas los siete días de la semana) para las víctimas”. De hecho, de las pocas políticas que implantó Rajoy en esta materia, las organizaciones ven que las medidas “no abordan de forma clara y específica la violencia sexual”.
 
El estudio sentencia cómo la reciente ‘Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016)’ se ha quedado en agua de borrajas al verse diluida únicamente en “medidas asociadas a la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja”. Un plan donde tampoco “existen medidas educativas encaminadas a la prevención de la violencia sexual entre jóvenes o del abuso sexual infantil”.
 
Los grupos más desfavorecidos, de los grandes perjudicados
 
Otro de los asuntos que no han pasado desapercibidos para las 14 organizaciones encargadas de realizar el contundente informe tiene que ver con la imposibilidad que tienen las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia sexual para acceder al seguimiento y tratamiento médico para paliar las consecuencias de la violencia sexual. “Estas trabas, además de suponer discriminación en el ejercicio del derecho de las víctimas a la atención sanitaria, contribuyen a aumentar su sufrimiento”, recalca el estudio.
 
Pero no sólo es un problema grave para las mujeres en situación irregular, la situación con las trabajadoras del hogar internas “es grave”. El último estudio elaborado por la consultoría Sortzen y la asociación Mujeres con Voz muestra cómo en el País Vasco, el 22% de mujeres migradas que trabajan como empleadas del hogar reconoce haber sufrido acoso sexual en su espacio de trabajo y el 27% declara haber sido víctima de insultos sexistas, sexuales y/o racistas en espacios públicos. El 16% revela haber sido víctima de tocamientos de naturaleza sexual y el 27% asegura que ha sido abordada por la calle para recibir propuestas de realizar “trabajos” sexuales.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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